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Las claves del 'caso Xerez'

El ascenso administrativo del Real Betis a Primera es una posibilidad remota. Tras la denuncia formulada por el letrado Juan Carlos Porras vía notario ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Xerez, que según la demanda había simulado una ampliación de capital en 2002, entregará en la LFP los documentos que acreditan validez a la gestión.

el 16 sep 2009 / 06:14 h.

El ascenso administrativo del Real Betis a Primera es una posibilidad remota. Tras la denuncia formulada por el letrado Juan Carlos Porras vía notario ante el Consejo Superior de Deportes (CSD), el Xerez, que según la demanda había simulado una ampliación de capital en 2002, entregará en la LFP los documentos que acreditan validez a la gestión.

El Xerez ejecutó una ampliación de capital en 2002, una maniobra alegal que no completó en la sede del Registro Mercantil en Madrid, aunque la falta, considerada grave, no significará a priori su descenso a Segunda. La entidad, dirigida en la temporada 2001-02 por Luis Oliver, anunció la operación en el Boletín Oficial del Registro, aunque no validó el desembolso dinerario porque las acciones se habían sometido a un proceso de venta, una gestión permitida por el CSD hasta que expira la prórroga concedida en cada caso.

1 AMPLIACIÓN.

El 25 de julio de 2002, el Xerez celebró una asamblea general extraordinaria para anunciar a los socios compromisarios la ampliación de capital que iba a suponer un desembolso dinerario de 7 millones de euros. El presidente del club de Chapín en aquella fecha, José María Gil Silgado, -él asumió las funciones de mandatario el 30 de abril-, comunicó que la operación había sido inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Empero, aclaró que no iba a ser validada en el propio Registro a causa del proceso de venta en el que se había sumido la entidad.

2 LA VENTA.

La decisión, considerada como falta grave y piedra angular de la versión del Betis y el letrado Juan Carlos Porras, exoneró al Xerez de responsabilidad ante el Consejo Superior de Deportes, ya que el CSD dictamina o no validez a la ampliación siempre que haya constituido un consejo de administración definitivo. El único antecedente data de 2003, año en el que el Córdoba no pudo proceder a un aumento de bienes por el vacío de poder.

3 SIN VALIDEZ.

Así, el CSD no validó la ampliación, pues el Xerez no envió los avales requeridos en el plazo de seis meses, una acción que supuso una falta grave por defecto de forma. Es decir, el club azulino completó la operación, aunque no envió al Consejo Superior de Deportes la documentación solicitada para conceder plena validez a la gestión. Así, el organismo no recibió la información necesaria y archivó el procedimiento, que, según los servicios jurídicos del staff azul, se reconstituyó en 2008.

4 REACTIVACIÓN.

Ante la posibilidad de ascender a Primera División, los rectores jerezanos deciden iniciar una ampliación de capital por conversión de créditos en acciones -los gestores de la entidad ya habían liberado el dinero en 2002 y en 2008 se limitaron a convertir los 7 millones en pagarés, que, en función de los estatutos de la LFP, asumieran el papel de un desembolso pleno-.

5 EL CSD, SIN RESPUESTA.

El Xerez envió los nuevos avales para validar la ampliación en el mes de abril de 2009. Según los estatutos de la Ley de Sociedades Anónimas, el CSD sopesará su decisión definitiva sobre la operación en un plazo máximo de seis meses, período que expirará en octubre. Si el veredicto final del organismo jurídico es negativo, el club que ahora preside Joaquín Morales deberá desembolsar el dinero en efectivo.

Así, las gestiones del Real Betis por aclarar el tema podrían dilatarse hasta entonces. En el caso de que el CSD detecte irregularidades independientes de las cometidas en 2002, el club implicado podría abonar una multa económica y su futuro deportivo dependería exclusivamente de la Liga de Fútbol Profesional. Precisamente, el consejo verdiblanco basará sus argumentos en el tema deportivo, ya que si el proceso fue efectuado por fondos de créditos y no con dinero en efectivo, la LFP podría decidir que la Primera estuviese configurada por 21 clubes.

6 ARCHIVO.

Sin embargo, el principal obstáculo que podrían asumir los servicios jurídicos del Betis es que, según los estatutos vigentes en el CSD, las denuncias o demandas formuladas por acciones ilegales de clubes deportivos deben ser suscritas por entidades interesadas o implicadas en el supuesto.

Así, la demanda del letrado Juan Carlos Porras, que envió una alegación de un folio y que actuó a instancias de un cliente independiente, no sería finalmente admitida a trámite. Así, para que los miembros del CSD crean oportuno estudiar el caso, la estimación debería ser tramitada por Alavés, Xerez o el propio Real Betis, clubes implicados y cuya actuación sería a instancia de parte.

Con ese marco legal, los servicios jurídicos verdiblancos deberían presentar sus documentos en el caso como acusación particular o, en su defecto, asumir que el CSD archive el caso. Otra de las opciones para que el conjunto de Antonio Tapia regrese a Primera es que el Consejo, ante la gravedad de las irregularidades cometidas por Silgado, actúe de oficio.

Aunque en España no existe ningún antecedente según los parámetros del caso Xerez, el CSD sí concedió una prórroga al Recre en 2004, año en el que a la entidad andaluza se le condonó una deuda adquirida con la Seguridad Social y la Junta para que pudiese asumir la ampliación de capital con un desembolso dinerario. Si se repitiese el veredicto, en Jerez podrían pagar los 7 millones con los ingresos por derechos televisivos, la única fuente de ganancias fija hasta la fecha en Chapín.

7 LA LFP PIDE CALMA.

El vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, notificó al máximo accionista del Xerez, Joaquín Morales, que, según los papeles que obran en poder de su organismo, la ilegalidad no es constitutiva de ser una falta con sanción en términos deportivos. Además, el asesor jurídico de la entidad jerezana, Antonio Millán, recibió un dossier explicativo del jefe de los servicios judiciales de la LFP, Miguel María García Caba, para que los rectores implicados iniciasen las gestiones a completar en los próximos días.

Mientras, el Real Betis envió ayer a la LFP, a través del consejero y abogado Manuel Castaño, los documentos necesarios para reclamar sus derechos si el denunciado no cumpliese con el capital mínimo exigido. La misiva, enviada al secretario general de la Liga, Carlos del Campo Colás, será estudiada por el organismo que preside José Luis Astiazarán junto a las alegaciones emitidas por el Alavés, descendido a Segunda B.

8 ¿POR QUÉ EL BETIS?

Un aspecto que ha adquirido relevancia en las últimas horas ha sido la identidad del hipotético beneficiario de la vacante que se originaría en Primera si el once de Ziganda fuese sancionado. La irregularidad de los rectores xerecistas data de la campaña 2001-02, en la que el descendido fue el clasificado en la posición número 19 de Segunda División, el Levante.

Los estatutos de la LFP dictaminan que el conjunto valenciano debería regresar a Segunda en el caso de que finalmente el cuadro andaluz fuese castigado con bajar. Sin embargo, el club del Ciudad de Valencia actualmente milita en la categoría de plata y no es necesaria su readmisión, una decisión que origina que el beneficiario sea el equipo descendido a Segunda con mayor puntuación, el Betis.

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