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Las comunidades aceptan aplicar reglas de gasto contra sus déficit

Se comprometen a establecer una fórmula en los próximos seis meses pero no pactan cómo devolver los anticipos al Estado

el 27 jul 2011 / 21:55 h.

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Los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el PP, ayer a su llegada a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Todo quedó abierto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer en Madrid. Las comunidades autónomas tan sólo se comprometieron a lo que es obvio y están sugiriendo tanto Bruselas como las agencias de calificación del riesgo y los mercados: que deben fijar un techo de gasto al que ceñirse para que las cuentas del conjunto del Estado ccumplan las previsiones de déficit y éste, por tanto, se reconduzca hacia los requisitos establecidos para los países socios del Eurosistema.

De entrada, Elena Salgado, vicepresidenta económica del Ejecutivo español, puede darse con un canto en los dientes tras haber arrancado su objetivo de estabilidad presupuestaria con el apoyo único de Cataluña y Andalucía. La marea de consejeros del ramo de las regiones gobernadas por el PP (once) acudía dispuesta a dar guerra y decir no a todo lo que se propusiera desde el Ministerio o, al menos, a abstenerse, y así ocurrió. Eso sí, hubo unanimidad a plantear ante sus parlamentos regionales, en un plazo máximo de seis meses, el visto bueno a una regla de gasto "coherente" con la ya aprobada para el Estado y las entidades locales.

Que habrá unas reglas para limitar el gasto la habrá, pero cuál será la fórmula, ni idea. La decisión queda aplazada hasta el mes de septiembre, pero las regiones sí han de tener en cuenta que sus respectivos Parlamentos (así lo establecen los estatutos autonómicos) deben aprobarla en el plazo de seis meses. Dado que los presupuestos se elaboran con anterioridad, es previsible que los de 2012 se confeccionen teniendo ya en cuenta que hay que ajustarse a las nuevas normas de juego -ya existentes, por lo demás, para las administraciones central y locales, y que ahora se quiere extender a las autonómicas-.

¿Qué fórmula? Será determinada por un grupo de trabajo que se geste al efecto en septiembre, pero habrá de tener en cuenta los criterios que existen para ayuntamientos y administración central, a saber, el crecimiento de la economía (el PIB) en los últimos años así como el previsto para los próximos, además de cuestiones como la inflación (IPC) o los cálculos de ingresos.

En concreto, la aprobada por el Gobierno central y que le sirve a él y a las corporaciones locales señala que su gasto no puede incrementarse por encima del crecimiento del PIB durante nueve años, de ellos cinco anteriores al año de elaboración de las cuentas presupuestarias. Hasta ahora, se confeccionaban atendiendo especialmente a las previsiones de ingresos, si bien durante la época de bonanza económica se hacía a la inversa, es decir, se consideraba más lo que se iba a gastar que a recaudar, y en todo caso en función de las transferencias del Estado.

No al PP. La segunda parte de la reunión del CPFF respondía a la polémica cuestión de la devolución del exceso de anticipos que la Administración estatal otorgó a las comunidades autónomas y que éstas tendrán que devolver al Estado precisamente en unos momentos de restricciones en la caja de las regiones. Se estima que son 24.000 millones de euros los que tendrán que retornar a las arcas estatales en el plazo de cinco años y el PP, después de su desembarco masivo en los gobiernos autonómicos, pretende dilatar aún más, en concreto añadiendo un lustro al periodo inicial.

Salgado dijo no y, como alternativa, el Gobierno propuso que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) financie una parte -alrededor del 50%- de la liquidación negativa correspondiente a los años 2008 y 2009, esto es, de los mencionados 24.000 millones (el importe no es exacto, dado que hay comunidades, como la andaluza, que discrepan de la partida que les corresponde).Para que se entienda.

Las comunidades irían al ICO, pedirían financiación en condiciones ventajosas (para eso está el organismo oficial) y con el dinero obtenido (a un interés que hay que devolver) retornarían al Estado los anticipos.

Pero con una condición más. Este nuevo margen de maniobra abierto con el ICO sería por tres años -habría más tiempo para pagar- y siempre y cuando los recursos adicionales durante este trienio se dediquen en exclusiva a abonar las cuentas pendientes con los proveedores.

Y el no del PP. En nombre de las comunidades del PP, que llegaron todas a una a la reunión, habló la consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo. Sobre la propuesta de que el ICO alivie parte de la deuda, apuntó que la medida es una "propuesta la aire" y "no solucionará los problemas de financiación" que padecen las regiones.

Asimismo, la consejera popular comentó que las comunidades se habían comprometido con los objetivos de déficit, pero con una abstención casi mayoritaria, ya que "aún no tienen noción de los ingresos de los que dispondrán en 2012" y, además, consideran que el crecimiento previsto del PIB para 2012, del 2,4%, es "difícil de cumplir".

Del Olmo acusó al Gobierno de falta de transparencia a la hora de plantear los objetivos de la estabilidad presupuestaria. Desde las comunidades del PP se ha fijado una estrategia para denunciar las cuentas regionales envenenadas heredadas del PSOE.

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