Economía

Las comunidades del PP prevén un colapso de pagos que Salgado niega

El Gobierno central replica que “el mayor esfuerzo” para contener el déficit lo hace él y pide corresponsabilidad a las CCAA.

el 28 jul 2011 / 20:22 h.

El Correo

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP volvieron ayer a la carga y auguraron un colapso en las finanzas autonómicas si el Gobierno central no atiende sus reclamaciones para retrasar la devolución del exceso de anticipos a cuenta, al tiempo que criticaron que el Ejecutivo de Zapatero pretenda aliviar la escasa liquidez regional con préstamos del ICO que habrán de retornar con intereses, una operación con la que, dijeron, se lucrará el Estado.

La vicepresidenta económica del Gobierno español, Elena Salgado, descartó sin embargo que se produzca un colapso al que incluso Galicia, gobernada por el PP, pone fecha: final de este año. Salgado recordó que "el esfuerzo mayor" para la reducción del déficit público lo está ejecutando el Ejecutivo central, pues ha tenido que reducir las inversiones, bajar el salario a los funcionarios o congelar las pensiones. "Así que la asfixia a la que se refieren (las autonomías del PP) es que simplemente tienen que ajustar sus gastos a la situación económica actual".

La ministra de Economía recordó que las comunidades contarán en 2012 con 8.000 millones de euros más y tendrán que mantener en el 1,3% su déficit, mientras que el Estado contará con un presupuesto inferior al de 2011 y deberá seguir reduciendo sus números rojos. Por ello, explicó que sería completamente injusto atribuirle al Gobierno central cualquier posible recorte de gasto social en las comunidades.

En declaraciones a la Cadena Ser, Salgado explicó que la regla de gasto deberá ser "homogénea" en todas las comunidades autónomas, pero eso no significará que deba ser idéntica.

"No es malo", apuntó, que haya distintas alternativas de regla de gasto dependiendo de cuál sea la comunidad, puesto que, según admitió, a unas benefician más unos criterios que otros. Señaló que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero defiende que cada una de las comunidades utilice como parámetro para fijar el límite de gasto el crecimiento económico (el PIB) de años pasados en su región, de ahí que será distinto dependiendo de la región, pero también se tendrán en cuenta las previsiones futuras que, en este caso, serían las establecidas por el Gobierno central para el conjunto de España.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (del Partido Popular, fue ayer uno de los más críticos con el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el pasado miércoles. Lo tildó de "lamentable" y consideró que la oferta de que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie parte de la deuda de las autonomías es una "broma" dado que es decirle a unas regiones ya agobiadas por los problemas de liquidez que pidan dinero prestado y que paguen por él intereses.

Feijóo, en este sentido, alertó de que la "irresponsable" negativa a aplazar la devolución de anticipos derivada de un cálculo que tachó de "fraudulento" para 2008 y 2009 provocará, en su opinión, que muchas autonomías "entren en colapso financiero" ya en el tercer trimestre de este año, con dificultades para afrontar el abono de los gastos corrientes "inaplazables", y que no puedan cumplir con el déficit. "A ver entonces qué hace el Gobierno, cómo mantiene el 6% del déficit estatal".

Mientras, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, manifestó, en relación también con el debate sobre la liquidación de la financiación autonómica correspondiente a 2008 y 2009, que "no es un problema de que hayan gastado más las comunidades, sino que el Gobierno calculó mal lo que tenía que darles, al calcularlo en exceso".

Griñán opinó que el CPFF "terminó mucho mejor de lo que se esperaba". Se hizo, dijo, "una visualización excesiva de los consejeros del PP como contradiciendo la política del Gobierno". Al final, "todos llegamos a la conclusión de que había que hacer un bloque compacto como país defendiendo la política de consolidación fiscal y de lucha contra la especulación de los mercados financieros".

Competencias. Ayer el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, José Manuel Vela, señaló que sería de sentido común devolver competencias al Estado si éste no es capaz de garantizar la financiación adecuada para sus gastos, sumándose a la propuesta en este sentido del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

Sin embargo, fue tajante al respecto el Gobierno, al estimar que las competencias transferidas ya a las comunidades son de éstas, y sobre ellas sus ejecutivos tienen la responsabilidad.

Por lo demás, las CCAA aún no han decidido si acudirán al ICO y otras, como Madrid, anunciaron recursos contra el Estado por los recursos que les corresponden.

 

El déficit estatal baja un 19% en el primer semestre

El Estado español registró un déficit de 24.132 millones de euros en el primer semestre de 2011 en términos de Contabilidad Nacional, el equivalente al 2,21% del PIB, con un descenso del 18,9% con respecto a la cifra del mismo periodo del año anterior, según datos ofrecidos ayer por el secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo. Ese resultado fue consecuencia de unos pagos que se situaron en 73.538 millones de euros, un 15% menos, mientras que los ingresos sumaron 49.406 millones de euros, con una caída del 13%.

En términos de caja, que computa los ingresos y gastos que efectivamente se realizaron durante ese periodo, el Estado alcanzó unos números rojos de 23.495 millones de euros, inferiores a los 30.794 millones del primer semestre 2010. López Carbajo destacó que los datos ponen de relieve que la estabilización de la economía y las medidas de ajuste adoptadas están permitiendo que el proceso de reducción del déficit público estatal esté “encauzado perfectamente” y que se vaya a alcanzar el objetivo para todo el año.

“El margen que tenemos por el lado de los ingresos nos llevará a cumplir de sobra el objetivo de déficit de 2011”, subrayó.

El superávit de la Seguridad Social cae el 16% hasta junio

La Seguridad Social obtuvo un superávit de 8.321,21 millones de euros hasta junio, cifra equivalente al 0,76% del PIB y un 16,06% inferior a la de igual periodo de 2010, cuando el saldo positivo del sistema alcanzó los 9.913,69 millones de euros, informó ayer el Ministerio de Trabajo e Inmigración. El superávit fue consecuencia de unos ingresos que alcanzaron los 60.179,6 millones de euros, un 0,44% menos, y de unos pagos que sumaron 51.858,47 millones de euros, un 2,62% más que en el mismo periodo de 2010. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, destacó que el superávit de la Seguridad Social “va a ser la tónica del ejercicio” pese al “año muy complicado”.

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