"Esta reforma de las cajas trae no pocas incógnitas no sólo a la hora de los ajustes necesarios en las legislaciones financieras regionales, sino también en cuanto a los periodos transitorios de las fusiones emprendidas dentro de Andalucía". Así hablan fuentes financieras sobre las repercusiones de la norma estatal.
Por lo pronto, 6 meses de plazo tendrán las comunidades para la adaptación de sus leyes de cajas al real decreto nacional ayer publicado. Se da la circunstancia de que, en el caso andaluz, ya se reformó la legislación autonómica en otoño pasado -se hizo para facilitar la fusión de Unicaja y Cajasur, al final fallida-.
Una vez que las comunidades publiquen sus cambios, las cajas tendrán tres meses para proceder a la adaptación de sus estatutos y reglamentos, que después tendrán que aprobar, en el plazo de un mes, las administraciones. Es decir, en marzo deberá estar concluido todo el proceso.
Las normas autonómicas tendrán que reformar en especial los capítulos legales que atañen a la composición de los órganos de gobierno de las cajas, dadas las directrices de despolitización de los mismos que envía el Estado -un 40% como máximo de presencia de las administraciones públicas, incompatibilidad para los cargos políticos electos y altos cargos públicos-, los nuevos porcentajes fijados para los diversos grupos con representación (impositores, empleados, fundadores...), la incorporación de los inversores (o cuotapartícipes) y los límites en el número de miembros del consejo de administración.
Pero cuando concluya la adaptación a la norma nacional y después de un periodo transitorio, de las cajas no sólo tendrán que salir presidentes de diputaciones, alcaldes, etcétera, sino quienes, en el consejo de administración, no cumplan las exigencias de conocimiento y profesionaldiad requeridas para la mayoría de este órgano.
El real decreto ley, además, recoge límites a los mandatos de los consejeros generales y, por ende, de los presidentes de las cajas -el máximo, 12 años-. En este sentido, fuentes sindicales explicaron que la Junta de Andalucía tendrá que determinar cómo afecta a los periodos transitorios de fusiones ya emprendidas, como es el caso de Unicaja y Caja de Jaén. "Quedan incógnitas y mucho trabajo", señalan.
