De las 66 sentencias condenatorias dictadas el año pasado por los juzgados sevillanos 61 fueron por delitos contra la ordenación del territorio, o lo que es lo mismo, por levantar una construcción ilegal. Pero lo más llamativo de esta cifra es que "la mayor parte" fueron por delitos cometidos en Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos, una zona que, según destaca la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio en su memoria de 2009, es "un desastre urbanístico sin igual en la provincia".
Como ya ocurriera en años anteriores, más del 80% de las investigaciones de esta sección del ministerio fiscal, se centran en estos delitos, pese a que el año pasado "descendieron". El fiscal coordinador en Sevilla, Javier Rufino, llama especialmente la atención sobre Las Minas, donde "el espacio ocupado por las parcelaciones ilegales y consiguientes edificaciones irregulares ejecutadas excede muy notablemente de la superficie del casco urbano" del municipio.
Las escasas sentencias absolutorias -ocho- son en su mayoría de particulares de esta zona que no han podido ser condenados porque los jueces han considerado "la prescripción del delito", alegado "sistemáticamente por las defensas". Todos estas decisiones judiciales, absolutorias o condenatorias, se comunican desde 2009 al Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos para que "adopte las medidas oportunas en ejercicio de su obligaciones de disciplina urbanística" que, según el fiscal, "tan groseramente omitió en su día".
El fiscal también hace alusión especial en su memoria al hecho de que una de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla haya dictado pronunciamientos "radicalmente discrepantes" al respecto de las otras tres, que han confirmado las sentencias que decretaban la demolición de lo construido. Una de las secciones, en cambio, se ha opuesto al estimar "las especiales circunstancias de consolidación edificatoria de la zona", que "catastróficamente" se está convirtiendo en urbana, pese a no serlo. De ahí, que solicite un plenillo de magistrados para unificar criterios.
Asimismo, la memoria señala que se han incoado 12 procedimientos penales por contaminación acústica, sobre los que critica la lentitud de los mismos porque "no se produce una respuesta satisfactoria de la administración local", cuando se la requiere para la obtención de documentos. Además asegura que "no se entiende cómo sigue sin llegar prácticamente ninguna denuncia por iniciativa de los ayuntamientos". Sobre los incendios forestales, el fiscal señala que no se produjo ninguno de relevancia en 2009 gracias a "la labor de detección de focos de riesgo".
