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Las condiciones del rescate obligarán a recortar más el sector público andaluz

El Ministerio de Hacienda hace públicos los requisitos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que la Junta podrá pagar su deuda con sanidad, educación y ayuntamientos

el 24 sep 2012 / 20:01 h.

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El presidente Griñán y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.

El Gobierno central desveló finalmente ayer la incógnita que ha traído de cabeza a las comunidades autónomas (principalmente a las más endeudadas) desde antes del verano: las condiciones para acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), también conocido como fondo de rescate. En resumen las condiciones son las siguientes: las comunidades deberán comprometerse a reducir su sector público, eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad. Así figura en la documentación enviada ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a los gobiernos autonómicos con una propuesta de acuerdo para quienes quieran acceder a este fondo, dotado con 18.000 millones y que se otorgará mediante un préstamo bilateral con cada región.

En estos momentos, Andalucía está negociando con el Gobierno central dos vías para inyectar liquidez a sus cuentas: una es el fondo de rescate, y otra es la solicitud de un anticipo a cuenta de mil millones por la recaudación de los impuestos en la comunidad. Ninguna de estas dos vías está cerrada, pero el ministro Cristóbal Montoro ya ha garantizado a la Junta que podrá contar antes de octubre con los 600 millones de euros que necesita para hacer frente al pago del vencimiento de su deuda.

Las condiciones que impone el fondo de rescate van a mirarse con lupa en las próximas horas. Desde el Gobierno de coalición PSOE-IU se viene insistiendo, desde antes del verano, que esa inyección de liquidez no puede venir condicionada política o ideológicamente. Ahora ha llegado el momento de juzgar si existen esas cortapisas. Las comunidades tienen hasta el 31 de diciembre para decidir si acuden al fondo de rescate, aunque se espera que a principios de octubre se suscriban los primeros acuerdos de concesión. El marco general para el fondo es la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que esta semana aprobará el Senado y entrará en vigor. Según el texto, al que tuvo acceso Europa Press, cada acuerdo con Hacienda conllevará un programa de aplicación del FLA, suscrito por cada Gobierno regional con las condiciones concretas que debe afrontar: requisitos de información pública, condiciones fiscales y financieras, finalidad del importe recibido, seguimiento y control del programa.

El fondo se destinará "obligatoriamente" a tres fines. El primero, pagar los vencimientos de deuda pública; el segundo, saldar deuda comercial en sanidad, conciertos educativos y con las universidades. Y el tercer fin del FLA, cubiertos los dos objetivos previos, es que las comunidades paguen transferencias o subvenciones a las entidades locales y las universidades que tuvieran pendientes.

Las autonomías acordarán con Hacienda la actualización de los planes de ajuste que ya elaboraron para acogerse al Plan de pago a proveedores en primavera. Entonces, 14 regiones solicitaron 17.000 millones para saldar deudas con empresas y autónomos, pero se mantiene una deuda comercial pendiente que se quiere saldar de esta manera. Los Gobiernos regionales deberán asumir nuevos niveles de transparencia, mediante la remisión periódica de la situación económico-financiera, presupuestaria, de tesorería y endeudamiento de cada uno de ellos. El objetivo de este intenso envío de información al Gobierno y los controles periódicos es asegurar que se cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Los 18.000 millones de este nuevo fondo de ayuda serán distribuidos por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en función de las solicitudes presentadas y las necesidades financieras de cada cual. Una vez enviada la solicitud, Hacienda deberá aceptarla expresamente y los gobiernos regionales tendrán después que aprobar la adhesión al FLA.

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