No gusta a nadie, ni en el plano político ni en el económico. El anuncio efectuado el miércoles por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, y el ministro de Fomento, José Blanco, de que habrá 500 millones de euros adicionales para la obra pública después del anuncio de los recortes en estas partidas para hacer frente al déficit, fue tachado ayer de "insuficiente" desde la patronal del sector y desde los sindicatos. Mientras tanto, todos los grupos parlamentarios de la oposición reclamaron en el Congreso la comparecencia urgente del ministro del ramo.
El presidente de la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI), Jaime Lamo de Espinosa, consideró "claramente insuficiente" la recuperación de 500 millones para reactivar unas 50 obras. Así, aseguró que el Gobierno "se ha quedado corto" con esta partida y pidió que la cifra se sitúe entre 2.000 y 2.500 millones. "Eso sería lo aconsejable", subrayó.
Según Lamo de Espinosa, los Presupuestos deberían rectificar el "grave" recorte inicial que se anunció en mayo (6.400 millones) con un ajuste de las partidas de gasto no productivo que permita aumentar las inversiones y con una subida de impuestos que aporte unos 5.000 o 6.000 millones adicionales.
En concreto, se mostró partidario de incrementar los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos y "nunca los de las rentas del trabajo", al tiempo que apostó por crear algunas tasas que sirvan para financiar las inversiones, como el peaje a los transportistas. "Está implantado en otros países. ¿Por qué no se va a hacer en España?. No tendría sentido no hacerlo", indicó.
En cuanto al impacto de los 500 millones extra en el empleo, el directivo aventuró que permitirá salvar alrededor de 7.000 empleos de los 125.000 que se iban a perder, como mínimo, en el sector. A pesar del positivo impacto en el empleo, el presidente de ANCI aseguró que los 500 millones "no resuelven el problema" y consideró que el Ministerio de Economía debería volver a reflexionar sobre este tema y corregir "sensiblemente" la cifra que ha planteado.
Tampoco están contentos los sindicatos. El secretario general de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), Manuel Fernández López, Lito, consideró también "insuficiente" la cifra.
En un comunicado, señaló que, aunque es positivo el anuncio, a su juicio, resulta "claramente insuficiente para la creación de empleo en el sector".
Así, "constituye un parche que apenas se va a dejar sentir en el empleo del sector, ya que el efecto del recorte en su conjunto sobre el empleo se va a cobrar entre 96.000 y 115.000 empleos".
El secretario general de MCA-UGT, exigió que el recorte del déficit público "se realice a través del incremento de los ingresos y no mediante la reducción del gasto y de la inversión", porque este recorte quiebra el efecto anticíclico del Plan Extraordinario de Infraestructuras".
Por su parte, CCOO en Andalucía calificó de "ridícula" la nueva partida "al constituir sólo 7,7% del total de lo recortado", matizó el secretario de Planificación Territorial de CCOO-A, Francisco Alfonsín. Asimismo, criticó la "cesión" realizada por el Gobierno ante la "campaña de presión" realizada por las grandes constructoras nacionales, mientras que "permanece inflexibles con las exigencias sindicales".
En cuanto a las exigencias políticas, todo el arco parlamentario, a excepción del PSOE, pedirá la comparecencia de Blanco para dar explicaciones sobre el recorte en obra pública. La Diputación Permanente del Congreso dará vía libre a la citación en su reunión del próximo lunes y ya sólo quedará poner fecha, según fuentes parlamentarias.
