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Las constructoras temen que solo un tercio del sector sobreviva hasta final de año

Ceacop cifra en 505 millones la deuda de la Administración Pública con el ladrillo

el 05 mar 2013 / 20:07 h.

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Las constructoras llevan cinco años sufriendo el azote de la crisis.

El sector de la obra pública se encuentra paralizado a causa del azote de la crisis y está poniendo en jaque a las firmas del sector que consiguen sobrevivir después de cinco años de infierno. El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), Enrique Figueroa, pronosticó ayer que "de aquí a final de año, si todo sigue igual, no quedará ni el 30% de las empresas del sector en pie". Y no es solo la falta de inversión lo que ahoga a estas compañías, sino también las partidas económicas que las administraciones públicas les adeudan.

En concreto, Figueroa señaló que la morosidad pública con las constructoras y las ingenierías andaluzas se eleva a 505,5 millones, a pesar de la puesta en marcha del plan de pago a proveedores y del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La Junta es la que más adeuda a las empresas de la comunidad, un total de 452,8 millones, de los que 262 corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda, destacó. Mientras tanto, los ayuntamientos andaluces deben facturas por valor de 48 millones, por 20,2 las diputaciones provinciales y por 15 el Gobierno central. "El otro día Griñán se dio cuenta de que había que apoyar al sector, ya que era el único que creaba empleo de inmediato, pero no sé cómo lo va a hacer, teniendo en cuenta que no hay inversiones", aseguró el presidente de Ceacop, quien recordó que la caída de ocupación en la construcción es del 63,2%, lo que supone una pérdida de 300.000 puestos de trabajo.


Además, señaló que teme que el nuevo plan de pago a proveedores que ahora se pone en marcha no sea eficaz, ya que su presupuesto es menor y tiene en cuenta las facturas del pasado año.


Por último, Figueroa informó de que Ceacop acudirá al Tribunal de Cuentas para que actúe de oficio en las irregularidades de las obras del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista), auditadas por la Cámara de Cuentas y que "ha puesto de manifiesto un grave incumplimiento del principio de contabilidad pública".

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