La Diputación de Sevilla refrendó los presupuestos para 2010 con más tranquilidad y apoyo del que se podía esperar en un principio. Tan sólo el PP se plantó contra las cuentas provinciales e incluso solicitó su retirada. Pero fue el único rechazo. El resto de la oposición, PA e IU, dieron su brazo a torcer en el pleno de la Diputación después de que el PSOE -que no necesitaba sus votos merced a su mayoría absoluta- pactara algunas de las enmiendas que iban encaminadas a beneficiar a los sectores más afectados por la crisis.
Con ello, salen adelante unas cuentas de 391 millones que, pese a ser un 1,4% inferior al del ejercicio pasado, destinará el 59% a gastos de carácter social. En esa línea, el diputado de Hacienda y Patrimonio, Manuel Domínguez, resaltó que van encaminados a la austeridad y a promover el empleo en tiempos de crisis y que se han hecho posibles "gracias a que nunca se ha perdido la cabeza en el gasto ni en el endeudamiento".
Mientras PA, IU y PSOE se enfrascaban en el tira y afloja para consensuar las cuentas, el grupo popular se salió por la tangente. Su portavoz, Juan Bueno, exigió la retirada de los presupuestos porque incumplían con la estabilidad financiera, es decir, contemplan "36 millones más en gastos que en ingresos", según vieron en el informe de la Intervención.
Incluso halló un culpable: la falta de fondos del Estado, que han bajado casi 30 millones y que, a su juicio, ha obligado a la Diputación a "tener que pedir préstamos", lo que "desvirtúa los presupuestos".
Bueno también acusó a la Diputación de "bajar la inversión en todas las áreas". "No son ni austeros ni generan empleo", indicó. Esa acusación hizo intervenir al presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, que le acusó de "mentir". "Soy austero porque mi madre me lo enseñó, va en la genética", replicó.
Tras ello, Domínguez reconoció que el presupuesto refleja un saldo no financiero de 36 millones y que será necesario un plan económico financiero por un periodo de tres años. Sin embargo, aclaró que eso no conducirá a la bancarrota a la institución, ya que "alcanzaría en el peor de los casos el 84% del nivel de endeudamiento, cuando el límite del Estado está fijado en el 120%".
Del roce inicial se pasó al consenso, aunque no con el PP, sino con el resto de partidos de la oposición. El PSOE aceptó hasta 13 enmiendas de IU y otras cinco del PA para que se unieran a la causa. Y bien que lo hicieron. El nuevo portavoz de IU, Manuel Rodríguez, que en un inicio criticó los presupuestos por "no ser los más adecuados para salir de la crisis", cambió de parecer en cuanto incorporaron al texto acciones de gran calado social, tales como la reedición de un plan extraordinario de urgencia municipal y un programa de colaboración con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), entre otras acciones.
Por su parte, los andalucistas dieron el voto afirmativo cuando aceptaron sus cinco enmiendas, entre las que figuraban la ampliación del convenio firmado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la mejora de los caminos rurales, el respaldo económico al comercio tradicional, la preparación de un estudio sobre la realidad económica empresarial y destinar el grueso del remanente -el PA reclamaba el 50%- para solventar la deuda de los ayuntamientos tanto en el pago de las nóminas como a los proveedores.
