La declaración de culpabilidad del ex secretario del distrito Macarena José Marín y del empresario José Pardo en el juicio de las denominadas facturas falsas de la Macarena pone punto final, salvo la interposición de los recursos pertinentes, a uno de los casos de mayor repercusión en los que se ha visto envuelto el Gobierno municipal de Sevilla en los diez años de mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. El jurado popular considera que ambos son culpables de delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental por la presentación de facturas correspondientes a dos obras no ejecutadas y otras cuatro parcialmente realizadas. Ahora un juez, el magistrado Francisco Gutiérrez, dictará una sentencia que podría incluso llevarlos a la cárcel, pues las peticiones de penas de la Fiscalía superan los dos años de condena que libran de la prisión a quien no tiene antecedentes. José Marín y José Pardo pagan así, con su inminente condena, su actuación irregular en la tramitación administrativa de estas obras y, por tanto, asumen las responsabilidades penales que se derivan de esta actuación, al igual que en su momento tanto el propio José Marín como el concejal socialista José Antonio García pagaron con la dimisión de sus cargos la responsabilidad política de sus errores. Conviene poner los hechos en su contexto. El fallo acota también el escenario de las irregularidades. A diferencia de lo que sostuvieron una y otra vez el PA y, a su estela, el Partido Popular, el pronunciamiento no habla de ninguna trama oscura repleta de actuaciones delictivas ni menciona, como llegaron a insinuar altos cargos de ambas formaciones en medio de la algarada mediática, una supuesta financiación ilegal del PSOE. Por el contrario, se limita a las seis actuaciones referidas, por valor de unos 6.000 euros, y a la actuación de un político que permitió "conscientemente" que un empresario cobrara "indebidamente" por unas obras no cometidas. Lo más normal y lógico en un Estado de Derecho.
