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"Las defensas en casos de corrupcioón prefieren la Audiencia Nacional por lenta"

El juez pronunció el miércoles una conferencia en Sevilla sobre el impacto del a corrupción en la economía de los países.

el 14 sep 2011 / 17:56 h.

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El asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya y juez de la Audiencia Nacional suspendido -por varias causas, entre ellas su intento de investigar los crímenes del franquismo-, Baltasar Garzón, criticó en Sevilla la ineficacia de la institución de la que formó parte: "La Audiencia Nacional no produce intimidación legal en la lucha contra la corrupción. Las defensas de los acusados de corrupción se alegran de que lleve sus casos ese remanso de paz tan lento".

Expresó esta crítica casi al término de la conferencia La incidencia de la corrupción en la economía de un país, que pronunció en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla dentro del ciclo Economía y Sociedad de la Escuela Andaluza de Economía.

En esta conferencia, además de recordar que la corrupción tiene un coste "mucho mayor que el mero soborno, sino que trae consigo un impuesto oculto que pagamos todos y conlleva que se dejen de prestar muchos servicios públicos en beneficio del pago de favores", indicó que en España operan 166 grupos organizados implicados en la corrupción y que los españoles tienen la percepción mayoritaria de que las prácticas corruptas son habituales entre policías, jueces, políticos, empresarios y en la concesión de obras públicas."Es paradójico que los españoles reconozcamos que ese fenómeno existe, que esté generalizado... y que luego se consienta".

Movimientos como el 15-M nacen también del sentimiento de que las instituciones o son ineficaces contra la corrupción o están infiltradas por ella, expuso.

Antes de la conferencia, habló sobre corrupción con este diario.

-¿Es usted una víctima de la corrupción en España?
-No, todos los ciudadanos de bien pueden ser víctimas de la corrupción, que afecta a la igualdad entre todos los ciudadanos. Yo no me llamaría víctima, sino persona que por convicción y por profesión combate la corrupción.

-Pero algún zarpazo sí que se ha llevado.
-Eso es normal. Si se va a los jueces italianos de los años 80 y 90 o los fiscales actuales, recibieron ataques a su vida privada por parte de los investigados, o descalificaciones a su investigación. Es una técnica más que se utiliza cuando se trata de casos que afectan a organizaciones criminales.

-¿Aquí se ha llegado a eso?
-Sin lugar a dudas. Aquí hay grupos organizados que han tratado de llegar a los límites más altos tratando de garantizarse el beneficio y la impunidad en cualquier tipo de investigación.

-Como en el caso de la droga... ¿Sólo aflora la punta del iceberg?
-Sí, creo que las organizaciones criminales siempre están listas para conseguir infiltrarse por los distintos entramados y rendijas que queden en el Estado de derecho. La cantidad de dinero que se mueve y que tiene que reciclarse en los circuitos legales sólo puede hacerse a través de una serie de complicidades y actividades coordinadas.

-Pues eso significa que un porcentaje estimable de la economía española está relacionada con la corrupción.
-En los últimos tres o cuatro años el volumen de incautaciones supera los 100 millones de euros, en cantidades, cuentas y bienes intervenidos. Son más difíciles de calcular los beneficios que se han podido producir.

-¿Por qué acaban condenados tan pocos acusados?
-Eso no es del todo cierto. Es verdad que los procedimientos se alargan, son muy complejos y se produce desazón porque lo que comienza como una gran operación acaba con resultados demasiado magros. Puede tener una explicación en la complejidad de las operaciones, en la carencia de los medios materiales y humanos. También hay una definición poco clara de los tipos [delictivos].

-¿No son muy leves las penas por corrupción en comparación con otros delitos?
-Las penas por corrupción podrían ser un poco más severas como efecto disuasorio, como lo pide la mayoría en la encuesta del CIS de junio de este año. Hay otros mecanismos que se pueden añadir: por ejemplo, que no pudieran presentarse a unas elecciones quienes sean condenados y estuvieran ejerciendo cargos públicos. Ello contribuiría a la purificación y credibilidad del sistema.

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