El futuro de V&L Costura y Diseño de Moda, la empresa matriz de los diseñadores sevillanos José Víctor Rodríguez Caro y Luis Medina del Corral, más conocidos como Victorio y Lucchino , podría estar en breve en manos de un administrador concursal si así lo decide un juez. Varios acreedores han reclamado ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla que la empresa de los dos modistos sea declarada en concurso necesario debido a las deudas que acumula la entidad. Una decisión que ahora tendrá que tomar el magistrado tras escuchar las alegaciones de los empresarios de la moda.
Según explicaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso, "desde el año 2006 no consta el depósito de las cuentas de la sociedad V & L Costura Diseño y Moda SA, a las que está obligada cualquier sociedad", pese a que las sociedades deben depositar anualmente en el Registro Mercantil las cuentas conforme a las normas contables que rigen en la materia, así como, en el derecho. Estas fuentes explicaron que "el incumplimiento de sus obligaciones sociales no sólo determina los grados de responsabilidad de quien se trate en el momento de la calificación del concurso, sino que además, sitúa a la mercantil en situación comprometida".
El hecho de que V&L no presente las cuentas desde el año 2006 significa que ya entonces la sociedad "atravesaba por un momento comprometido , dado que su pasivo frente a su activo circulante era mucho más elevado, de manera que ya en aquel tiempo no disponía de capital suficiente para hacer frente a sus pagos corrientes y frente a sus acreedores". Así, para las citadas fuentes la entidad "lleva mucho tiempo dando muestras de una insolvencia manifiesta ante el impago generalizado a trabajadores, proveedores, organismos y administraciones públicas e igualmente ha generado en el tráfico mercantil una apariencia de solvencia ficticia que ha llevado a la necesidad de solicitar el auxilio judicial ante los reiterados incumplimientos de la sociedad".
Y es que, a su juicio, la empresa "sigue funcionando en el tráfico mercantil generando apariencia de solvencia frente a terceros, pero no cumple con sus obligaciones contables más elementales, pues esta sociedad no presentaba cuentas anuales desde hacía mucho tiempo".
Las fuentes aludieron también a "impagos a la Agencia Tributaria, la Administración Local y procedimientos ante el Juzgado de lo Social que se traduce en impagos a trabajadores que acuden a la vía judicial para reclamar los importes debidos por salarios".
Por ello, los acreedores han decidido solicitar el concurso necesario, cuya declaración tiene que aceptarla el juez. Por ahora, según las fuentes consultadas por este periódico, no ha sido declarado y puede que se demore unos dos meses, ya que cuando no se trata de un concurso solicitado por el empresario, como en este caso, antes de declararlo hay que darle un trámite de audiencia, lo que demora más el proceso.
