Un millar de personas participaron ayer en la vigésimo quinta marcha hacia la base aérea de Morón de la Frontera, cuyo uso comparten EEUU y España, para reclamar su desmantelamiento y el desarme internacional, en una protesta que coincide con el expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado la pasada semana y que deja en la calle a 150 empleados -de una plantilla de 594- de la empresa dedicada al mantenimiento del complejo, algo que aún tiene en pie de guerra a un grupo de trabajadores.
De hecho, los manifestantes, que también exigían el desmantelamiento de las bases militares de Gibraltar y Rota, se encontraron al llegar a Morón de la Frontera con una acampada que protagonizan desde la aprobación del ERE un grupo de trabajadores y el sindicato USO, que rechaza una medida que sí aprobaron UGT y CCOO. Pero para los miembros de USO tiene un sabor agridulce. Por un lado, según manifiesta Moriel Ríos, se encuentran satisfechos "por todos los compañeros que han conseguido salvarse de esta criba injusta", pero también creen que "se podría haber hecho mucho más para intentar rescatar algunos trabajadores más". Este documento preveía en un principio la extinción de 286 empleos, que las negociaciones redujeron a los mencionados 150.
Entre estos trabajadores que pernoctan a las puertas del recinto se encuentra Moisés Ballesteros, un vecino de Morón de al Frontera de 47 años, 22 de los cuales trabajando en la base aérea. "Con mi edad no encuentras trabajo fácilmente y menos en estos tiempos de crisis", dice.
La sección sindical no descarta continuar las movilizaciones si sus peticiones no son escuchadas. De hecho, el próximo objetivo de estos trabajadores es una huelga de hambre si no consiguen que se reabra el ERE.
