El bono social eléctrico, que congelará la tarifa de la luz a cinco millones de hogares hasta 2012, está cargando de trabajo a las compañías, que son las encargadas de tramitarlos. Pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas y familias con todos sus miembros en paro deben presentar solicitud.
El Ministerio de Industria ha descargado sobre las eléctricas la responsabilidad de gestionar todo lo concerniente al bono social eléctrico, por el que determinados colectivos verán congelada la tarifa de la luz hasta 2012, y el resultado es un aluvión de llamadas a las compañías, en especial por parte de los pensionistas.
Como todo lo que ha rodeado a la liberalización global de la electricidad, que nos permite elegir a la compañía que queramos desde el pasado día 1 de julio, el bono social viene cargado de incógnitas, y que atañen sobre todo a quién controlará que los requisitos que dan derecho a congelar el recibo se mantienen a lo largo del tiempo. Es más, el propio delegado de Iberdrola en Andalucía, Alberto Yarte, advierte de que podría conllevar una "fuente para el fraude". En cualquier caso, dice, se confía en la buena voluntad de los usuarios.
Industria ha convertido a las eléctricas en una ventanilla administrativa. La tramitación del bono social se realiza a través de ellas, y de hecho hay organismos, como la Seguridad Social, que están remitiendo a los perceptores de pensiones mínimas una carta para que inicien el papeleo y se puedan beneficiar de la rebaja. Y son las compañías las que han de comunicar a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) si los usuarios cumplen las exigencias para recibir el beneficio de la congelación.
Por la tramitación, explican en Iberdrola, no se cobra nada, y por ella la Administración nada paga tampoco a las compañías. Desde el 1 de julio, en esta eléctrica se reciben unas cien mil llamadas diarias, y hasta el pasado miércoles ya había tramitado 35.000 solicitudes en el país.
Ojo. No todos los beneficiarios -ver informaciones anexas- deben moverse para ganarse el bono social, pues los hogares que tengan contratada una potencia inferior a 3 kW (para averiguar este concepto sólo hay que echarle un vistazo a cualquier recibo) lo obtendrán ya inmediatamente en la próxima factura.
Las eléctricas se limitan a recopilar la documentación (DNI, declaración de responsabilidad, acreditación de familia numerosa, etc). Si cambian las circunstancias del usuario y pierde el derecho al bono social, aquél deberá comunicarlo en el plazo de un mes. Si no es así, el Gobierno aplicará una penalización (10% de subida sobre la tarifa eléctrica ya sin bono). La incógnita, cómo y quién vigilará los posibles fraudes.
