El Gobierno andaluz pagará subvenciones, ayudas y bonificaciones a empresas por contratar a mujeres maltratadas; a emigrantes que hayan retornado a Andalucía con graves problemas económicos; a familias monoparentales (madres o padres solteros); a parados de más de 50 años que lleven 12 meses seguidos inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y a personas con una discapacidad superior al 33%.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto que regula el apoyo económico a las empresas que contratan a personas en riesgo de exclusión social, y amplió a estos seis supuestos la lista de colectivos que hasta ahora podían beneficiarse de una normativa similar de carácter estatal. A día de hoy, el Estado subvencionaba los contratos a cinco colectivos desfavorecidos: personas que reciben la renta mínima de inserción, o que no cumplen los requisitos mínimos de residencia para poder cobrarla -en Andalucía fueron más de 21.000 en 2009-; jóvenes de entre 18 y 30 años que salen del reformatorio; drogodependientes en rehabilitación -más de 20.000 andaluces en 2008-; presos en régimen abierto; menores internos o del servicio de inserción social.
La principal novedad del decreto andaluz es que considera colectivos vulnerables, y por tanto prioritarios para la acción de gobierno de la Junta, a las mujeres víctimas de la violencia machista -siempre que formen parte de un programa de protección, como las casas de acogida- y a los padres solteros. En Andalucía existen cerca de 300.000 hogares monoparentales y el 80% lo constituyen madres solteras o separadas, según datos de 2008 de la Consejería de Igualdad. El decreto permitirá a la Junta elaborar un registro de empresas de inserción, aquellas que incorporen a estos colectivos a sus plantillas.
Requisitos. Pero también deben cumplir requisitos, por ejemplo, que en los primeros tres años el 30% de la plantilla de una sociedad mercantil esté compuesta por trabajadores de los colectivos desfavorecidos. Y que en el cuarto año, el porcentaje alcance el 50%. Para las cooperativas es distinto, ya que el cómputo tendrá en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. También las asociaciones y fundaciones públicas, así como las ONG, podrán entrar en el registro de empresas de inserción sociolaboral, si cumplen los mismos requisitos.
El nuevo consejero de Empleo, Manuel Recio, avanzó ayer que ya hay 31 empresas interesadas en entrar en el registro, a pesar de que todavía no se ha concretado la cuantía de las subvenciones. "La cantidad de las ayudas se negociará con los agentes sociales", dijo Recio. La ley estatal recoge varios tipos de ayudas: financieras, para la creación de una empresa; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; subvenciones para mantener los puestos de trabajo e incentivos a la inversión. Las 31 empresas interesadas ya recibían ayudas de Empleo por sus políticas de inserción. En los últimos dos años, la consejería ha entregado ayudas por valor de 1,8 millones de euros, que han permitido crear empleo para un centenar de personas en riesgo de exclusión.
Las empresas de inserción se complementarán con los centros especiales de empleo, cuya plantilla debe estar integrada en un 70% por discapacitados. Los 520 que hay en Andalucía han creado 871 empleos, que le han supuesto un gasto a la Junta de 38,1 millones de euros en ayudas. "Es mucho dinero, pero sin las subvenciones, a esas personas no las contratarían", dijo Recio.
