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Las facturas pequeñas se excluyen del pago ‘rápido’ a proveedores

Expectativas frustradas para atajar la morosidad de las administraciones. Si no media contrato público, nada. No se cobrará antes de mayo. No se resuelve la deuda pendiente de CCAA. Se prioriza a quien haga una quita

el 24 feb 2012 / 22:40 h.

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Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa que ofreció ayer tras la reunión del Consejo de Ministros

El ya que se desprendía de las palabras de Cristóbal Montoro tras anunciar que el Gobierno central aprobaría esta misma semana un plan para que las administraciones abonen inmediatamente sus facturas pendientes con proveedores (empresas y autónomos) se convirtió ayer en mayo.

En efecto, el Consejo de Ministros no aprobó la fórmula concreta para el pago, sino que instó a los ayuntamientos -en principio, sólo a los ayuntamientos- a presentarle la relación de deudas contraídas, así como la lista con los nombres, los apellidos y los importes exactos. Quien acepte una quita, es decir, que se avenga a renunciar a una parte del dinero que le deben, será el primero en cobrar. ¿Qué pasará con los retrasos del resto de entes públicos, especialmente con las autonomías? Ya se verá.

Quedaban más sorpresas, no reveladas ni comentadas a la prensa por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y que reducen todavía más la repercusión de las medidas, pues quedan excluidas las facturas -por lo general, de escasa cuantía y procedentes de los autónomos y las pymes- donde no haya mediado la firma de un contrato público.

Que se frustran expectativas es la sensación que queda, si bien el compromiso de que "comenzarán a cobrar las facturas en el mes de mayo" existe en la referencia (papeles públicos) del Consejo de Ministros. Comenzar a cobrar es eso, comenzar. Así pues, no todos los proveedores verán liquidadas las deudas en primavera. Es más, las prioridades serán: descuento (la citada quita) y antigüedad. Y cuidado: a los que no estén en los listados ni siquiera se les tomará en cuenta, de ahí que máxima atención a los nombres de compañías y autónomos que en las próximas semanas remitirán al Ministerio de Economía y Administraciones Públicas los consistorios. Y si hay divergencias, a reclamar.

Hay que tener presente que la iniciativa gubernamental atiende sólo a las facturas por obras, servicios prestados y suministros que posean como fecha tope de emisión el día 31 de diciembre pasado. Es decir, no cuenta lo que llevamos de 2012. Se supone que, al aliviarse la carga atrasada con el mecanismo ideado por Hacienda -se implicará al Instituto de Crédito Oficial y a la banca privada-, habrá liquidez suficiente dentro de las arcas municipales para así ir pagando lo que vaya entrando y no se repita la inmensa bolsa de impagos que existe actualmente, cuya cuantía exacta ni siquiera se conoce -como cifra aproximada, 40.000 millones de euros-.

El Ejecutivo concede una gran importancia a la celeridad en los trámites administrativos en estos casos, hasta el punto de que prevé considerar falta "muy grave" el incumplimiento por el funcionario competente de las obligaciones de expedir certificados y efectuar las comunicaciones oportunas tanto al Gobierno central como al contratista que haya presentado la reclamación.

Existen otras limitaciones que, según fuentes del Ministerio que dirige Montoro, tratan de "evitar la picaresca". Así, la referencia del Consejo de Ministros precisa que esta iniciativa beneficia sólo a los contratos que estén incluidos "en el ámbito de lo recogido en la Ley de Contratos del Sector Público". Es decir, que no se aceptará cualquier factura.

Pensemos, por ejemplo, en un cristal que se rompe en un Ayuntamiento y el cristalero, tras acabar su trabajo, firma y pasa la correspondiente factura. Si no hay un contrato público de por medio -aunque sea de los considerados de importe menor-, no cuenta.
"Había que poner dos topes. El primero, el temporal, el 31 de diciembre de 2011, y el segundo, la ley estatal", comentan las fuentes. Expertos jurídicos explican que una factura es un documento unilateral y no tiene por qué ser aceptada si el deudor no reconoce explícitamente esa deuda. Pero, ¿de qué picaresca se habla?

La legislación fija que son contratos menores -simplificados en cuanto a trámites y no requieren publicidad- aquéllos inferiores a los 50.000 euros en el caso de las obras y los 18.000 para prestación de servicios y suministros. Por tanto, para cuantías inferiores en ocasiones ni siquiera median contratos, sino que basta una simple factura. Y es este descontrol el que se quiere atajar, de manera que, al final, los ayuntamientos que hayan recurrido más a esas artimañas van a ser penalizados pues no podrán recoger en los listados a estos pequeños proveedores sin contrato público, y éstos serán los perjudicados.

¿Cómo se financiará? Se sabrá "en las próximas semanas". Y más sorpresas. El mecanismo dice que la corporación local se puede endeudar. En cualquier caso, antes de finalizar marzo deberá tener un plan de ajuste y de pagos que tendrá que ser enviado al Ministerio. Su objetivo, "garantizar la sostenibilidad de su situación financiera". Fórmula indirecta, por tanto, de controlar las cuentas de los consistorios. Pese a todas las limitaciones, al menos hay un horizonte para solventar este grave problema. Un alivio, pero no tan rápido como se anunció.

En cuanto a las comunidades, de momento, nada, aunque el Gobierno aprobó remitir al Congreso una modificación normativa para avalar operaciones financieras de "todas" las administraciones.

Así funcionará

El listado. Antes del 15 de marzo, los ayuntamientos deberán remitir al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro una relación de todas las obligaciones pendientes de pago. Tendrá que constar la identificación del contratista, el importe, la fecha de recepción de la factura y si se ha iniciado o no un trámite judicial por parte del propio contratista para su cobro efectivo.

La reclamación. Las entidades locales deberán permitir a los contratistas consultar su inclusión en la lista y el importe concreto adeudado. Si no aparecen en la lista, podrán reclamar aportando "la documentación necesaria". El ayuntamiento emitirá un certificado individual y éste, según advierte el Gobierno, "no podrá negarse".

Las condiciones. Se atenderán las obligaciones pendientes de pago generadas por obras, servicios o suministros realizados antes del día 1 de enero de 2012 y que, además, se trate de contratos incluidos en el ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público.

El cuándo. Los proveedores cobrarán de los bancos, que abrirán sus ventanillas en mayo. Los ayuntamientos lo harán vía ICO y entidades financieras.

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