El informe presentado por la asociación que representa los intereses de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ofrece cifras sobre una realidad reconocida por todos: no sólo las empresas privadas deben dinero a sus proveedores. Lo mismo ocurre con las Administraciones autonómicas y con los municipios. En el caso de Andalucía, Gestha calcula que la Junta y las corporaciones locales adeudan a las empresas que contratan con ellas una suma total de 2.200 millones de euros. En ningún caso significa que no se les paguen los compromisos financieros contraídos, pero sí que ocurre que se les embolsa más tarde de lo previsto. En concreto, con 145 días de retraso de media, según los datos facilitados por Gestha. Esta asociación llama la atención sobre este hecho y sus repercusiones sobre unas empresas que se ven ahogadas por la falta de liquidez y, como conclusión, aporta soluciones para mitigar el retraso en la entrega de las cartas de pago. En concreto, solicitan que se apruebe una ley que facilite que las empresas con facturas no cobradas de la Administración puedan compensar su falta de liquidez con el pago del Impuesto de Sociedades y del IVA o, en su defecto, puedan aplazar sus obligaciones fiscales eximiéndoles del pago de los intereses de demora. Sus solicitudes parecen revestidas de sentido común, pero hay que tener especial cuidado en no otorgar carta de ley a esta petición de exenciones fiscales abriendo la veda a situaciones de excepcionalidad que podrían ser utilizadas con carácter general. Tanto los particulares como las empresas de este país tienen que cumplir con sus obligaciones con la Hacienda Pública y la Agencia Tributaria ya establece mecanismos de actuación para los casos en los que se encuentre con compañías con problemas de liquidez. En realidad, a las Administraciones no hay que pedirles que sean magnánimos con quienes sufren por su falta de pago. Lo que hay que exigirles es que les paguen lo que les deben y, sobre todo, que lo hagan en el plazo correspondiente, no cuatro meses después.
