Tras la oferta de la negociación del Gobierno andaluz a PP e IU para pactar plazos en los que las administraciones andaluzas empiecen a ponerse al día en sus facturas a proveedores , un informe de técnicos del Ministerio de Hacienda desveló ayer que, en Andalucía, éstas suman más de 2.200 millones.
Gestha, la organización que agrupa a los técnicos del Ministerio de Hacienda, hizo públicos ayer unos datos, según los cuales, en Andalucía la deuda a proveedores por parte de las administraciones públicas asciende a 2.200 millones. En el conjunto del Estado, la cifra se eleva a 12.400 millones. Andalucía y Cataluña son las que acumulan facturas más cuantiosas sin pagar. En el caso andaluz, las obligaciones pendientes de los 770 ayuntamientos son casi equiparables a las de la Administración autonómica [ver cuadro adjunto]. La cifra, en cualquier caso, dista mucho de los 32.000 millones que las organizaciones empresariales aseguran que tiene pendientes de pago el sector público español.
La Ley de Contratos del Estado fija un máximo de 60 días para pagar, un plazo que los propios ayuntamientos admiten que es difícil de cumplir, sobre todo, en un momento en el que sus ingresos tributarios padecen los efectos de la crisis. Los impagos -una situación que reconoce el propio presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano- terminan por obstaculizar que las empresas puedan salir de las dificultades económicas, al mermar su liquidez y su posibilidad de seguir avanzando.
En el caso del Gobierno andaluz -al que Gestha atribuye facturas pendientes por valor de 1.377 millones-, fuentes oficiales aseguran que esta administración ha logrado reducir sus plazos de cumplimiento con sus proveedores y que, actualmente, paga "con una pendencia media de las obligaciones no superior a los 30 días". Según los datos de la Consejería de Economía y Hacienda, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 habían entrado en la Tesorería General de la Junta un total de 1.558.322 órdenes de pago, de las que cuales se habían abonado 1.539.971, un 98,82% antes de la finalización del año natural. Pero la Tesorería sólo se hace cargo de las facturas que envían cada una de las consejerías del Gobierno andaluz.
Tanto la Junta como el Gobierno central son conscientes de esta situación. En la última ronda de contactos que Manuel Chaves mantuvo con los líderes de la oposición para buscar medidas contra la crisis, entregó un documento a PP e IU en el que les instó a pactar un calendario de pagos para que todas las administraciones, gobierne quien gobierne, se comprometan a poner al día sus facturas. Los alcaldes reclaman la apertura de líneas de crédito del ICO para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas afectadas por los impagos, una posibilidad sobre la que reflexiona el Ministerio de Economía, dentro del abanico de opciones que estudia para poner solución a esta situación.
Gestha señala otra solución. Insta al Ejecutivo a aprobar una ley que permita que los más de 2.200 millones de euros que la comunidad autónoma de Andalucía y sus corporaciones locales adeudan a las empresas puedan compensar los pagos del Impuesto de Sociedades y del IVA, con el fin de aliviar sus dificultades de liquidez. Si no puede ser así, plantea que estas obligaciones pendientes tengan la consideración de "aval suficiente" para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda eximiendo a ambas partes del pago de los intereses de demora previstos por ley.
Según un informe de la empresa de gestión de cobros Intrum Justitia, el sector público español tarda más de 145 días en saldar sus deudas, frente a los 65,3 días de media en Europa y, a pesar de la tardanza, muy pocos optan por reclamar los pagos ante el juez.