En Andalucía, 53.944 personas, en su inmensa mayoría mujeres mayores de 50 años, cuidan de sus familiares dependientes, aunque esta cifra obedece solo a los reconocidos como tal oficialmente en virtud de la Ley de Dependencia, que les reconoce la posibilidad de recibir una prestación económica por sus servicios. Pero al margen de ella, los cuidados prestados por familiares juegan un papel fundamental en la red de apoyo social que tiene su repercusión en las arcas públicas, cifrado en Andalucía entre 5.263,26 y 8.721,79 millones de euros al año.
Los cálculos corresponden al estudio Los costes de los cuidados informales a personas mayores en situación de dependencia en España, que fue presentado durante el Congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación Geriátrica y realizado por los profesores Juan Oliva (Universidad de Castilla La Mancha), Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia) y Rubén Osuna (UNED).
El ahorro está calculado solo en base a los dependientes mayores de 65 años, que representan el 78,2% del total, y en virtud del coste de la hora de la ayuda a domicilio, una prestación que en Andalucía reciben el 19,5% de los beneficiarios de la Ley de Dependencia (47.836 de un total de 186.131 existentes a 1 de marzo).
El coste de ese servicio difiere en cada comunidad y en Andalucía está actualmente en 13,26 euros la hora, aunque el estudio está realizado con el coste en 2008, fijado en 11,62 euros la hora (también emplea como referencia el número de horas de cuidados informales prestados durante el año 2008). Sin embargo, el 44,8% de los dependientes (109.622) reciben una ayuda económica para cuidados familiares, una prestación que la ley preveía como excepcional pero que se ha convertido en la mayoritaria. La Junta es una firme defensora de que se cambie la ley para que la última palabra sobre la prestación asignada no la tenga la familia sino el profesional que valora al dependiente pero de momento su reivindicación no ha calado en el Ministerio de Políticas Sociales.
Sí se ha dado un paso este año, tras incorporarse los dependientes moderados, al condicionar su acceso a esta prestación a que el familiar conviva con el dependiente y ya cuidara de él antes. Para estos dependientes, la ayuda máxima por cuidados familiares es de 180 euros mensuales, muy por debajo de la fijada en 2010 (aún no se han actualizado este año) para los cuidadores de grandes dependientes -entre 300 y 337 euros mensuales- y para los severos -entre 416,98 y 520,69 euros al mes- (162,49 euros en cuotas a la Seguridad Social.
El estudio hace un cálculo del ahorro que suponen los cuidados familiares para las arcas públicas o, más bien, cuántos servicios sociales serían necesarios para cubrir su función en el caso "irreal" de que los cuidadores familiares desaparecieran. Se barajan tres escenarios: tomando como referencia el coste de la hora de ayuda a domicilio (en 2008) más barato (7,67 euros correspondiente a Extremadura, Cantabria y Galicia), el coste medio de las comunidades (12,71 euros) y el coste propio de cada comunidad (11,62 euros en Andalucía). En cada escenario, el ahorro en Andalucía es de 5.263,26 millones al año (3,54% del PIB de 2008), 8.721,79 millones (5,86% del PIB) y 7.973 millones (5,36%). Andalucía es la comunidad donde el ahorro es mayor (a nivel estatal se cifra entre 24.917,63 y 41.249,14 millones (del 2,29 y al 3,79% del PIB).
El coordinador del estudio y presidente de la Asociación española de Economía de la Salud, Juan Oliva, destaca que esta cifra no debe ser interpretada como "un coste financiero" sino como un "coste social" que pretende destacar "el valor social de la labor que realizan los cuidadores familiares". A su juicio el futuro del Sistema de Atención a la Dependencia pasa por una coordinación y cooperación política entre las administraciones -estatal, autonómica y local- y entre los servicios sanitarios y sociales "pero si no se incluye en la ecuación a las familias, el diseño de las políticas de prevención y atención a la dependencia estará lastrado".
