Las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales y cuya evaluación social acordaron las administraciones, en el marco de los realojos provisionales promovidos por la Consejería de Fomento y Vivienda, han negado este miércoles que estén obstaculizando la labor de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Frente a las acusaciones de la concejal de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación, Lola de Pablo-Blanco, defienden que han colaborado en el procedimiento y que "está todo hecho".
"Nosotras mantenemos el mismo contacto que cuando estábamos en la Corrala y, a día de hoy, todos hemos pasado por las nuevas evaluaciones", ha dicho a Europa Press Toñi, una de las portavoces de este colectivo de personas. Mientras la concejal popular asegura que algunas de estas personas "impiden las visitas domiciliarias o no quieren presentar la documentación" que les requieren los trabajadores sociales encargados de evaluar su situación socioeconómica, esta mujer niega tal extremo.
"Para nada es así. El Ayuntamiento llamó sólo a dos o tres de nosotros y después los demás hemos ido voluntariamente", ha dicho en cuanto al llamamiento del Consistorio hispalense para que estas personas acudiesen a los recursos sociales municipales para ser sometidas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica. Esta mujer, en nombre del colectivo, asegura que tras acudir "todos" a las nuevas evaluaciones sociales, "está todo hecho y estamos esperando el resultado". "No sé a qué están esperando", ha lamentado asegurando que es el Ayuntamiento quien está "poniendo pegas y más pegas" a este procedimiento.
El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.
LAS NOTAS INFORMATIVAS Al objeto de solucionar el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo, aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada, les diese acceso o no a su programa de ayudas.
Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de exclusión social.
A partir de ahí, después de que una de las mujeres del colectivo asegurase que estas personas estaban colaborando plenamente con los servicios sociales del Ayuntamiento de cara a esas evaluaciones, pues previamente el alcalde, Juan Ignacio Zoido, manifestaba que ninguna de estas personas había acudido a los recursos sociales, la concejal delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación alertaba de que "no todas" estas personas habrían acudido a los recursos sociales, mientras "algunas" de ellas "impiden las visitas domiciliarias o no quieren presentar la documentación" que se les requiere.
