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Las familias de la Corrala niegan obstrucciones a las evaluaciones

El Ayuntamiento dice que "impiden las visitas domiciliarias o no quieren presentar la documentación" que se les requiere.

el 07 may 2014 / 14:52 h.

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corrala Las personas desalojadas de los números 2, 4 y 6 de la avenida de  las Juventudes Musicales y cuya evaluación social acordaron las  administraciones, en el marco de los realojos provisionales  promovidos por la Consejería de Fomento y Vivienda, han negado este  miércoles que estén obstaculizando la labor de los trabajadores  sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Frente a las acusaciones de la  concejal de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación,  Lola de Pablo-Blanco, defienden que han colaborado en el  procedimiento y que "está todo hecho". "Nosotras mantenemos el mismo contacto que cuando estábamos en la  Corrala y, a día de hoy, todos hemos pasado por las nuevas  evaluaciones", ha dicho a Europa Press Toñi, una de las portavoces de  este colectivo de personas. Mientras la concejal popular asegura que  algunas de estas personas "impiden las visitas domiciliarias o no  quieren presentar la documentación" que les requieren los  trabajadores sociales encargados de evaluar su situación  socioeconómica, esta mujer niega tal extremo. "Para nada es así. El Ayuntamiento llamó sólo a dos o tres de  nosotros y después los demás hemos ido voluntariamente", ha dicho en  cuanto al llamamiento del Consistorio hispalense para que estas  personas acudiesen a los recursos sociales municipales para ser  sometidas a una nueva evaluación de su situación socioeconómica. Esta  mujer, en nombre del colectivo, asegura que tras acudir "todos" a las  nuevas evaluaciones sociales, "está todo hecho y estamos esperando el  resultado". "No sé a qué están esperando", ha lamentado asegurando  que es el Ayuntamiento quien está "poniendo pegas y más pegas" a este  procedimiento. El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las  Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin  título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que  estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras  lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó  directamente a nueve familias llaves para habitar provisionalmente  viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las  restantes ocho personas o familias del colectivo. Estos ocho  realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto  surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en  torno a esta polémica solución al asunto. LAS NOTAS INFORMATIVAS Al objeto de solucionar el destino de estas familias, la  Consejería de Vivienda ha remitido al Ayuntamiento un listado de  estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación  concreta de su situación socioeconómica, lo que debe determinar su  derecho o no a estos realojos provisionales. Cabe recordar, al  respecto, que los servicios sociales del Ayuntamiento, merced a la  oferta de 'Ibercaja' para reconducir a su programa social de vivienda  a las familias que acreditasen un verdadero estado de necesidad de  vivienda, ya elaboraron en su momento "notas informativas de  necesidad de vivienda" en el caso de 25 familias de este colectivo,  aunque siempre a los efectos de que 'Ibercaja', como entidad privada,  les diese acceso o no a su programa de ayudas. Fruto de aquellas notas informativas, según el Ayuntamiento, en el  baremo social del Consistorio sólo figuraban dos de las familias que  forman parte del colectivo, concretamente en los puestos número cien  y 122 de un listado de 388 personas o familias, si bien el colectivo  niega este extremo y defiende que numerosos informes de los servicios  sociales prueban que todas las personas se encuentran en riesgo de  exclusión social. A partir de ahí, después de que una de las mujeres del colectivo  asegurase que estas personas estaban colaborando plenamente con los  servicios sociales del Ayuntamiento de cara a esas evaluaciones, pues  previamente el alcalde, Juan Ignacio Zoido, manifestaba que ninguna  de estas personas había acudido a los recursos sociales, la concejal  delegada de Asuntos Sociales, Familia y Zonas de Especial Actuación  alertaba de que "no todas" estas personas habrían acudido a los  recursos sociales, mientras "algunas" de ellas "impiden las visitas  domiciliarias o no quieren presentar la documentación" que se les  requiere.

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