Las fisuras de la dependencia

La evaluación de la ley se ha adelantado a este mes y la Junta presiona para primar en ella el criterio del profesional sobre la prestación en vez del de la familia como hasta ahora.

el 02 oct 2009 / 18:57 h.

Una persona dependiente baja del Cuidabús de la Consejería de Igualdad.
El Gobierno ha adelantado unos meses la evaluación de la Ley de Dependencia y la Junta ve la oportunidad para incluir sus reiteradas demandas: que el profesional decida la prestación en vez de la familia y que aumente la financiación por persona atendida. Hay contradicciones que corregir, dice, y ve disposición a ello.

La norma entró en vigor en enero de 2007, aunque en la práctica no comenzó a aplicarse hasta que en abril estuvo listo el baremo para valorar el grado y nivel de los dependientes. El texto estipulaba una primera evaluación a los tres años de aplicación pero el Consejo Territorial -integrado por el Gobierno y las comunidades- decidió adelantarlo a este mes. "Hay aspectos que pueden ser contradictorios que hay que corregir", reconoce la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro.

Andalucía lleva tiempo reclamando cambios y Navarro cree que éste es "el momento idóneo". El primero pretende limitar el éxito de las prestaciones económicas -previstas como excepcionales en la ley y que en Andalucía suponen el 40,5%-. "No creo que ninguna comunidad pensara que se iban a disparar tanto y se hace la lectura de que es a la que las administraciones públicas recurrimos porque es más barata, pero no es cierto", subraya.

Su propuesta es que la familia no tenga la última palabra al decidir la prestación sino el profesional que valora al dependiente. "Es contradictorio que aparezcan en la ley como excepcionales pero también que la familia sea la que decida y ese problema se está viendo desde el primer momento, porque su volumen es muy superior al previsto y al deseable. Es la única prestación que no genera ningún retorno a la sociedad, en forma de empleo, e incluso hay casos en los que se está resintiendo la calidad de la asistencia", subraya la titular de Igualdad.

En materia de financiación, la ley contempla un sistema mixto que, según Navarro "como mínimo hasta 2015 tendrá que mantenerse". El Estado destina a dependencia una partida de su presupuesto que cada año se reparte entre las comunidades -1.581 millones para 2010- y abona una cantidad a las autonomías por cada persona valorada. Andalucía ganó una batalla este año al lograr que en la segunda fórmula, el 20% del montante llegue por persona no sólo valorada sino realmente atendida, pero su pretensión es que éstas supongan el 50%. "Aceptamos el 20% en aras del consenso pero sigo y seguiré planteando más", señala la consejera, quien defiende que no todas las comunidades aplican la ley al mismo ritmo y es preciso premiar a las que mejor lo hacen.

Cambio estadístico. Precisamente, el Ministerio ha pedido a las comunidades estadísticas más detalladas que diferencien entre beneficiarios y prestaciones, ya que una misma persona puede recibir varios servicios en función del desarrollo que la comunidad haga de la ley. Así, en Andalucía la teleasistencia es compatible con cualquier recurso menos la residencia y una misma persona puede asistir a un centro de día y contar a la vez con ayuda a domicilio para el resto de la jornada. Al menos 23.000 andaluces dependientes perciben más de una prestación. Sin embargo, no está previsto que el Estado cambie el pago por dependiente según su grado y nivel en función de si percibe una o más prestaciones, y aquí la Junta no prevé presionar.

"El Gobierno marca el mínimo pero si yo quiere permitir más prestaciones, es mi problema. El cambio en las estadísticas no afectará a la fórmula de financiación", defiende Navarro. No obstante, reconoce que sí "habrá que hacer una evaluación" de la cuantía que ahora paga el Estado por dependiente según grado y nivel.

El tercer pilar de la ley es el de el tiempo que se tarda desde que se presenta la solicitud hasta la valoración y desde ésta a la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), en el que se asigna la prestación correspondiente. En total, la ley determina que no deben pasar más de seis meses y según la Junta "la media está en eso". A pesar de que en su día Navarro anunció su intención de rebajarlo en Andalucía a cuatro meses, nunca lo hizo y ahora reconoce la dificultad de acortar el tiempo.

El problema radica en que si en este tiempo, el dependiente fallece, el derecho sólo se aplica con efectos retroactivos (en caso de prestación económica) si ya estaba elaborado el PIA. Voces como las del Defensor del Pueblo y asociaciones de familiares han reclamado que la retroactividad se aplique desde que la persona es valorada y se reconoce su derecho, pero la consejera de Igualdad defiende que "hay sentencias judiciales que avalan" el sistema actual y la consejera andaluza no apoya ni cree que se modifique.

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