Las políticas de memoria histórica no despegan: pasan de Presidencia a Justicia, se turnan tres comisarios que no les dan continuidad y la relación con las familias de represaliados es lejana. Hoy, sin comisario y sin el plan estratégico prometido para este mes, hay 640 fosas que aguardan el empujón de la Junta.
Un dato ejemplifica la paralización de las políticas de memoria en el Gobierno andaluz: a día de hoy hay ocho fosas comunes que deberían haberse abierto -o estarían a punto de hacerlo- teniendo en cuenta el compromiso que los tres comisarios de memoria nombrados hasta el momento dejaron en herencia a su sucesor. Se trata de los enterramientos de Guillena, La Puebla de Cazalla y Marchena (Sevilla), Córdoba y Aguilar de la Frontera (Córdoba), El Marrufo (Cádiz), La Palma del Condado (Huelva) y Málaga. En ellas pueden encontrarse cerca de 600 fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo. En todos los casos, los portavoces de la Consejería de Justicia se comprometieron con los familiares de los represaliados a impulsar las exhumaciones de inmediato, pero a día de hoy ninguna se ha ejecutado.
Es más: en el caso de La Puebla de Cazalla, los allegados han escrito a la consejera, Begoña Álvarez, denunciando que carecen de un interlocutor al que remitirse en el caso de que inicien las excavaciones y tengan que modificar el plan inicial de trabajo -porque aparezcan más cuerpos de los previstos, porque hagan falta más operarios o antropólogos, porque el presupuesto, 40.000 euros pagados por la Junta, resulte escaso-. La exhumación de esta fosa se inició hace año y medio, se paralizó por falta de apoyos oficiales y ahora sigue sin abrir por esta falta de cobertura de la administración, denuncia la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia. Lo mismo ocurre en Málaga, el otro compromiso "inminente".
En toda la comunidad existen unas 640 fosas, que guardan unos 54.000 cadáveres. Desde la Transición, apenas 5.000 andaluces han sido rescatados de estos enterramientos anónimos, según cálculos de los mapas de fosas elaborados por las asociaciones de memoria. La Junta, es cierto, no tiene la última palabra en su exhumación, pero las asociaciones necesitan su ayuda para convencer a los ayuntamientos y financiar parte de los trabajos. El problema está en que la Consejería de Justicia se encuentra absorbida por el reto de la ampliación y modernización de los órganos judiciales y la gestión del funcionariado, que son las materias que concentran su atención y también sus recursos. "La memoria nunca ha estado entre las prioridades claras del Gobierno andaluz", resume Cecilio Gordillo, coordinador de la web www.todoslosnombres.org y portavoz de CGT Andalucía. "Ha sido así siempre, cuando las competencias estaban en Presidencia y ahora que están en Justicia. Nos escuchan muy poco", añade.
a la espera. Actualmente, Justicia tiene prometida la aprobación de un plan estratégico que, entre otras cosas, catalogará como BIC (bien de interés cultural) las fosas comunes de Andalucía, abrirá un Centro para la Investigación y la Documentación de la Memoria Histórica y creará un comité de expertos para abordar las exhumaciones. También, aseguran, se digitalizarán los archivos existentes, con el fin de facilitar la labor de los investigadores y familiares de muertos y desaparecidos. Un catálogo de compromisos que anunció en el Parlamento la antecesora de Álvarez, Evangelina Naranjo, en octubre pasado, con el horizonte de ejecución en 2013. Su último comisario de memoria, Francisco José Salazar -que cesó con ella el pasado abril y al que nadie ha tomado el relevo aún-, garantizó que este plan se aprobaría "en el primer semestre de este año". Se refería a 2009. Es junio y el plan no está aprobado. "Las asociaciones no tienen conocimiento de este proyecto más que por la prensa", sostiene además Francisca Maqueda, vicepresidenta de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
