Pavón llega a los juzgados en octubre de 2008.
Novedad en la investigación del caso Camas. La Guardia Civil ha identificado en un análisis "fonético-lingüístico" a tres de los cuatro acusados por el intento de soborno a una concejal de IU, pero no ha podido demostrar la participación en la grabación inculpatoria del ex edil del PP Antonio Enrique Fraile. Fuentes del caso informaron ayer a Efe de que los peritos del Instituto Armado, en un informe entregado al juzgado que instruye el caso, han determinado que el análisis de la grabación realizada en una reunión el 18 de agosto de 2005, en la que presuntamente se planificó el cohecho, sólo permite demostrar la participación de Pavón, el empresario Eusebio Gaviño y el ex concejal del PA José del Castillo.
Por el contrario, establecen que "no es posible realizar un cotejo de voz" respecto al cuarto imputado, el ex concejal del Partido Popular Antonio Enrique Fraile, y todo ello "teniendo en cuenta las limitaciones" de este tipo de pruebas, según los peritos.
Este análisis de la grabación fue ordenado por el juez después de que los peritos no pudieran realizar, debido a la mala calidad de la grabación, una prueba de voz que permitiese identificar a los asistentes a la reunión en la que presuntamente se planificó el cohecho, que tuvo lugar en el chalé de Eusebio Gaviño.
La grabación fue realizada por el militante de IU Francisco Javier Gordo, que asistió al encuentro como supuesto intermediario con la concejal que iba a ser sobornada.
Este peritaje era una de las pruebas pendientes de la causa judicial por el intento de soborno con 12.000 euros a la ex concejal de IU en Camas Carmen Lobo, asunto en el que la Fiscalía de Sevilla ha pedido un año y medio de cárcel para cada uno de los cuatro acusados.
Según el escrito del fiscal, los acusados se pusieron de acuerdo para "poner fin a la situación de bloqueo del Ayuntamiento de Camas" y decidieron ofrecer a Carmen Lobo "un beneficio económico" para que la concejal, cuya salida del equipo de Gobierno lo había dejado en minoría, volviese a votar a favor de sus propuestas.
Pese a la anulación de las escuchas telefónicas a los acusados, autorizadas por el juez, el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla acordó continuar la tramitación del caso por considerar que existen otras pruebas, como la declaración de los denunciantes, el sobre con 12.000 euros que Gaviño llegó a entregar a la concejal sobornada y una anotación con los puntos del orden del día municipal que ésta debía votar.
