Los responsables de las guarderías conveniadas con la Junta, a las que la Consejería de Educación adeuda el pago compensatorio de agosto y la mensualidad de septiembre, entregaron ayer más de 5.000 firmas, recogidas fundamentalmente entre las familias, en la Delegación de Educación exigiendo el abono de los atrasos ante la situación de asfixia que vive el colectivo, integrado en su mayoría por pequeñas empresas familiares.
El pasado lunes, 61 centros de educación infantil no ofrecieron el servicio de comedor en protesta por estos impagos, una medida que provocó llamadas «amenazantes» y el refuerzo de la inspección educativa a estos centros, según el portavoz del colectivo, Ignacio Ferreira. Esta medida de presión no fue apoyada por las asociaciones del sector como la Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI) o la Asociación de Centros de Enseñanza de la Economía Social (ACES), que se sientan con la Junta en la Mesa de negociación de Educación Infantil, convocada para el próximo martes para abordar los problemas de impago. No obstante, el miércoles asociaciones como CEI ya anunciaron que si no hay solución sí se plantean convocar un acto de presión «duro». Desde Educación de momento se limitan a señalar que se está «trabajando» para tratar de liquidar la deuda «a final de mes». El último plazo dado para pagar agosto y septiembre fue el 10 de noviembre, plazo que la Junta incumplió sin explicación alguna.
Movilizaciones. Mientras, las guarderías que secundaron la protesta del lunes entregaron ayer en la Delegación de Educación 5.000 firmas recogidas exigiendo a la Junta el abono de la deuda ante su precaria situación económica que les impide hacer frente al pago a los proveedores y trabajadores. Aunque inicialmente este colectivo tenía previsto reunirse mañana jueves para acordar nuevas medidas de presión, entre ellas repetir el cierre del comedor los próximos días 24 y 25, finalmente han aplazado la asamblea hasta el lunes y estudian realizar movilizaciones el martes coincidiendo con la reunión de la Mesa de Educación Infantil, según explicó Ferreira. «No queremos perjudicar más a los padres», admitió. Precisamente son estos quienes más se han movilizado entre familiares y amigos para la recogida de las firmas entregadas ayer.
En la provincia de Sevilla hay más de 200 escuelas infantiles conveniadas con la Junta y el problema de los retrasos de la Junta para pagar no es nuevo. Ya estalló en 2012 provocando protestas ante la sede de la Consejería que a punto estuvieron de poner en peligro el inicio del curso escolar. El conflicto se resolvió con un calendario de pagos si bien según el colectivo, con frecuencia es incumplido por Educación, lo que dificulta a estas empresas poder hacer frente a sus gastos ya que además el precio de la plaza lleva años congelado y la mayoría de las familias tienen bonificaciones para los servicios de comedor o aula matinal por lo que solo pagan una parte de éstos y es la administración la que debe abonar el resto.
