Según avanzó ayer la Cadena SER, si una mujer inmigrante denuncia ser víctima de malos tratos y se encuentra en situación irregular no se le abrirá expediente de expulsión cuando acuda a la Policía o los juzgados y si ya lo tiene abierto, se paralizará en ese momento el proceso. Es más, cualquier víctima extranjera sin papeles recibirá un permiso de residencia provisional y en caso de que, una vez culminado el proceso judicial, su agresor sea condenado o si se suicida tras intentar agredirla, recibirá un primer permiso de residencia automático de 5 años de duración, con autorización para trabajar incluida y extensible a los hijos.
El objetivo es que las mujeres inmigrantes pierdan el miedo a denunciar el maltrato por su situación administrativa. Curiosamente, la presentación del reglamento coincide con el debate en el Pleno del Congreso de una Proposición de Ley presentada por el PP que pide la reforma de la Ley de Extranjería para dar mayor protección a las mujeres inmigrantes irregulares víctimas de violencia de género.
El reglamento prevé también crear un informe de integración preceptivo pero no vinculante como el contrato de integración que proponía el PP para obtener un permiso de residencia por arraigo social o para renovar sus documentos.
El informe, que se prevé sea homogéneo en todas las comunidades autónomas aunque su elaboración pueda delegarse en los ayuntamientos, computará el conocimiento de la lengua española -y de otras lenguas oficiales en el caso de las comunidades que así lo requieran como hará Cataluña- así como nociones de los valores constitucionales o de los contenidos de los estatutos de autonomía.
Se tendrá en consideración también que el extranjero muestre respeto a los valores de tolerancia o la igualdad entre hombres y mujeres, el tiempo que haya dedicado a la formación para el mercado laboral, incluyen informes de ONG que trabajan en la formación de los inmigrantes. Finalmente no se valorará el comportamiento "cívico" del inmigrante como reclamaron diversos ayuntamientos catalanes durante las elecciones autonómicas.
El informe dará puntos en caso de que al extranjero le falte algún requisito administrativo para obtener o renovar el permiso, como por ejemplo algún mes de cotización mínima para renovar su autorización de residencia. Por contra, si cumple todos los requerimientos obligatorios pero el informe de integración es negativo no se le impedirá renovar los papeles.
Hay una segunda parte del reglamento que está realizando el Ministerio del Interior para definir el modelo que regirá el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Inmigrantes, cuestionados por varias ONG y el Defensor del Pueblo por su falta de trasparencia. Según denuncian estos organismos, muchos de estos centros funcionan como una prisión pese a que acogen a inmigrantes pendientes de su expulsión pero que no han cometido delitos más allá de la entrada irregular en el país.
