El Ayuntamiento de Sevilla ha creado un grupo de trabajo para impulsar la nueva ordenanza para la concesión de licencias de apertura, en la que propondrá que la obligación de controlar la veracidad de los datos que ofrecen las empresas recaiga sobre los colegios profesionales que visan los proyectos.
La idea es desatascar el "embudo" varios miles de licencias que ahora guardan cola porque, al ser el Ayuntamiento el responsable de fiscalizar todos los trámites, ha terminado por no dar abasto. Como solución, se baraja responsabilizar a los colegios de arquitectos, peritos o ingenieros, que visan y presentan los proyectos de estas actividades, de la veracidad de los datos que se entregan. Este cambio exige una ordenanza específica porque contraviene la "restrictiva restrictiva ley autonómica" sobre la materia, como ayer la definió el Ayuntamiento a través de un comunicado, que "deposita toda la responsabilidad de comprobación en la administración".
Ante la situación de crisis, el Consistorio incluyó esta propuesta entre las 30 medidas de choque previstas en el paquete de urgencia presentado en el pleno extraordinario de junio para dinamizar la economía, porque permitirá agilizar la puesta en marcha de los nuevos negocios. El Ayuntamiento aseguró ayer que la nueva norma "facilitará la creación de riqueza y empleo para pequeñas y medianas empresas al reducir el máximo posible el plazo de duración de los trámites administrativos". También recordó que la oficina del Defensor del Ciudadano registró numerosas quejas por la lentitud en la tramitación de estos permisos.
El Consistorio indica que será necesario "abrir un debate legal" para atribuir estas competencias de control a los colegios profesionales, "que se harían responsables de forma directa de que el proyecto presentado cumple con la normativo en vigor". Para este debate se contará con la opinión de "los diferentes grupos sociales en general, y de los sectores afectados en particular", y las conclusiones se someterán a una comisión jurídico-técnica.
En el grupo de trabajo, formado por las delegaciones de Medio Ambiente, Recursos Humanos, Hacienda y Convivencia, se trabajará también para mejorar la coordinación entre las distintas áreas municipales, lo que debe dar lugar a una unificación de una serie de trámites que ahora se gestionan por separado.
La actual normativa tiene siete años de vigencia, un tiempo en el que ha quedado obsoleta.
