La balsa de salvación del mundo rural. El Plan de Fomento del Empleo Agrario (Profea), el que todos conocen como PER, no sólo permitirá que 18.000 trabajadores del campo puedan completar este año su número de peonadas, sino que permitirá la ejecución de un centenar de obras en los pueblos, sobre todo destinadas al arreglo de calles y la adecuación y la mejora de instalaciones municipales. Unas actuaciones, en definitiva, que formarían parte de la micropolítica en una ciudad pero que se antojan claves en los denominados municipios pequeños.
La Diputación de Sevilla, que gestiona la petición de proyectos de 60 municipios de la provincia a través del Área de Servicios Sociales y Movilidad, ha recibido la solicitud para que ejecute 119 actuaciones. La lista es amplia, aunque tiene un nexo común: son pequeñas obras que atañen a arreglo de calles, pintura de fachadas, adecuación de plazas o instalación de redes de suministro para las nuevas urbanizaciones. Cada pueblo expresa sus prioridades: Huévar del Aljarafe, por ejemplo, quiere destinar su dinero a dar una mano de pintura a la casa consistorial y a la biblioteca; Peñaflor procederá a la ampliación de su cementerio; Valencina de la Concepción piensa integrar su fondo en la adecuación del parque de Torrijos y La Campana pavimentará la calle Calvario. Esas actuaciones que, según explican los propios alcaldes, no podría acometer en la situación actual, en la que han caído las fuentes de ingresos y se ven incapacitados a la hora de acometer inversiones.
Pese a que todos suponen una actuación clave en el pueblo, hay una serie de proyectos con cargo al Profea que destacan por su originalidad, según fuentes de la corporación provincial. La creación de la escuela municipal de música de Aznalcóllar es una de ellas, al igual que la rehabilitación del antiguo Ayuntamiento de cara a su utilización. También destacan que el Consistorio de Almadén de la Plata quiera destinar parte de su montante a renovar el empedrado del centro del municipio o que El Saucejo haya procedido a la reparación del paseo de la Mezquitilla, la avenida principal de una aldea que está a algo más de tres kilómetros de este municipio.
Estas inversiones en obras, que reciben 26,2 millones del total de 33 que se destina a la provincia por el Profea, supone en torno a 400.000 jornales, es decir, 18.000 empleos, que en el caso de los peones suele ser de 15 días y en el de los oficiales ronda el mes.
La cantidad, en todo caso, se antoja insuficiente para la Diputación de Sevilla, que ya había advertido al Gobierno central de que habría sido conveniente adjudicar más partidas a la vista de la crisis padecida por el campo andaluz. Por ello, la última reivindicación de la corporación provincial, conjuntamente con los sindicatos UGT y CCOO y varias asociaciones agrarias, es que la partida para obras aumente en un millón, que en el anterior reparto se destinó a un fondo Inem-Junta que ha desaparecido este año. El Estado ha decidido destinar a otro programa reservado a pueblos que presenten proyectos de empleo estable en vez de a generación de trabajo temporal, como reclama la Diputación, que permitiría más de 12.000 jornales, es decir, unos mil empleos.
La subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, se comprometió a hacer una consulta para ver si era posible este extremo en la última reunión de la comisión de seguimiento de los fondos Profea, celebrada el pasado 10 de mayo. Ante esa posibilidad, la diputada provincial de Cohesión Territorial, Trinidad Argota, reclamó la "convocatoria urgente" de la comisión para que ese millón de euros se destine al final para generar empleo temporal "como ha aceptado el Gobierno central en otras provincias como Jaén".
La urgencia, según explicó Argota, se fundamenta en que, en caso de que haya una modificación, "habría una variación de las cantidades y, por tanto, de los proyectos", que deberían ajustar al máximo los plazos para comenzar en el mes de junio. La razón por la que deben empezar con el inicio del verano es que es en esas fechas cuando el campo sevillano está completamente parado hasta septiembre, mes en el que se reactiva el trabajo con la recogida de la aceituna.
En todo caso, esta reclamación supone un capítulo más en la batalla que mantiene la Diputación con el Gobierno central, al que reclamó primero un compromiso para que no desapareciera esa ayuda para los pueblos y luego, una vez confirmada su continuidad este año, lamentó su retraso, que el propio presidente de la corporación, Fernando Rodríguez Villalobos, cifró en 71 días.
