La segunda jornada del seminario La violencia de género: análisis de la realidad se centró ayer en las herramientas de las que dispone la justicia para actuar desde el momento en el que una mujer formula la denuncia por malos tratos. La conferencia, bajo el lema Protección y Justicia, estuvo a cargo de Anabel Vargas, ayudante fiscal de la Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, de la Fiscalía General del Estado; y Paloma Marín, del juzgado número 236 especializado en violencia de género de Madrid. Ambas hablaron de la evolución jurídica de la violencia contra la mujer desde sus experiencias.
En primer lugar, la fiscal Anabel Vargas hizo un repaso de la legislación en materia de violencia de género. Expuso el caso de Ana Orantes, la mujer granadina que denunció públicamente su caso de malos tratos y fue asesinada en 1997 por su marido, como el momento en el que “empezó a visibilizarse un problema oculto”. A raíz de ese caso, en 1999 se llevaron a cabo una serie de reformas legislativas como ordenar un fiscal en cada provincia para la violencia doméstica. “Se introduce por primera vez la violencia psicológica además de la física y se considera también violencia de género cuando la mujer decide poner fin a la convivencia con su marido”, explicó. Además, nace la orden de alejamiento como medida intermedia entre la puesta en libertad y la cárcel.
Ya en 2003, la fiscal definió como “un paso más allá” la promulgación de la orden de protección. “No sólo aparecen medidas penales sino que se cubren otras consecuencias civiles que dejan a la mujer en indefensión”. Cuestiones como el domicilio, la custodia de los hijos o la manutención económica comienzan a tratarse. Pero para ambas juristas, el culmen llega en 2004 con la Ley Integral contra la violencia de género. “Surge porque hay mujeres que necesitan unas medidas muy específicas”, añadió. Además de crearse juzgados especializados, “se habla ya de violencia de género como un hombre que maltrata a una mujer cuando entre ellos media o ha mediado una relación sentimental. Ya no se generaliza en violencia doméstica”.
Aludiendo a su experiencia, Vargas apeló a la especialización en el mundo judicial. “No hay que saberse todos los artículos, sólo creerse el problema y creer a esas mujeres”, sentenció. Tras mucho escuchar a víctimas de maltrato, desde su posición de ayudante fiscal, recordó el fin de sus peticiones: “Ninguna me pidió que encerraran a su agresor. Sólo querían que las creyeran y que las dejaran en paz”.
Para finalizar, la ponente reclamó la necesidad de individualizar. “Hay que darle a cada víctima lo que necesita”.
Por su parte, Paloma Marín explicó que “la sociedad española sigue conviviendo con una violencia estructural contra las mujeres, no sólo en pareja”. Estableció la erradicación de la violencia de género como una “obligación de las democracias” en su labor por garantizar derechos inalienables de la persona.
