Zafarrancho de sanciones. Ésta parece la consigna de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que en lo que va de año ha disparado un 36% el número de multas por vertidos a ríos y arroyos de la provincia. Sólo hasta septiembre se habían puesto 220 sanciones, cuando en todo 2007 fueron sólo 162.
Eso sí, desde la Comisaría de Aguas se asegura que este considerable incremento no obedece a que se hayan disparado los vertidos, sino a que han aumentado considerablemente los controles. "La calidad del agua no está peor", se subraya, por mucho que pueda desprenderse eso de los 220 expedientes sancionadores incoados hasta septiembre, de los que ocho fueron graves y uno muy grave.
Este último caso tiene nombre y apellidos: la multa a la empresa Sovena por los dos incendios -en días diferentes- que arrasaron en julio sus instalaciones en Brenes, en las que acumulaba aceite de girasol retirado del mercado tras la crisis de las partidas contaminadas provenientes de Ucrania. En estos siniestros se vertió aceite al arroyo Cascajo, aunque la contaminación no llegó al Guadalquivir gracias a las barreras que levantó la Confederación. Ahora ha llegado la factura, en total 720.000 euros: 600.000 de multa y 120.000 por los trabajos de reparación.
Almazaras y empresas de aderezo de aceituna son, precisamente, las que se llevan buena parte de las sanciones que impone la CHG, ya que junto a granjas de animales y mataderos acumulan la mitad de los expedientes. La otra mitad son por vertidos en las redes urbanas, por lo que, aunque no hayan sido ellos los responsables son los ayuntamientos los que apechugan al final con la multa.
Así lo estipula la Ley de Base de Régimen Local, en la que se concreta que es responsabilidad de los consistorios el saneamiento y depuración de las aguas. Desde la Comisaría de Aguas se reconoce que estas sanciones "les vienen fatal con la crisis que tienen encima", y que en general se les detraen de los fondos que les hace llegar el Estado.
Y es que esta batalla se está disputando en el campo municipal: los datos señalan que sólo el 36% de los municipios de la provincia depuran sus aguas residuales, que al final van a parar a un río o un arroyo. Eso sí, esta cifra tiene una cierta trampa, porque lo cierto es que en volumen supone las dos terceras partes (concretamente un 67%) del total de residuos que se depuran.
Con estas cifras en la mano, desde la Confederación Hidrográfica se subraya que la calidad media de las aguas fluviales ha mejorado en los últimos años. Eso es lo que apuntan las 36 estaciones de muestreo periódico, que analizan 23 parámetros físicos, orgánicos, inorgánicos y tóxicos para concluir que, en el 74% de los casos, el estado de calidad es bueno o excelente.
