"Mi consejo para las cofradías que aún no aceptan nazarenas es que cumplan, acaten y ejecuten las normas dimanadas de la autoridad eclesiástica. El cabildo general de una hermandad no tiene nada que decir". Así se expresa el delegado episcopal de Asuntos Jurídicos, Teodoro León, cuyo dictamen a Las Penas podría "crear cierta jurispridencia".
El informe jurídico del Arzobispado en respuesta a la consulta elevada por la hermandad de Las Penas de San Vicente sobre el debate de las nazarenas no deja resquicio a la duda:"Teniendo en cuenta que el referido derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo es irrenunciable e indisponible, no puede establecerse por Regla ni ser acordado lo contrario a este derecho por ninguno de los órganos de la hermandad y cofradía".
En declaraciones a este periódico, el autor de este informe, Teodoro León, advierte de que los cabildos generales sobre nazarenas "no hacen falta, ni tienen ni por qué decidir que sí", ya que resultaría una "aberración" que un órgano de una cofradía sometiese a discusión "un derecho que le es propio y debido" a las hermanas. "¿Cómo convocamos un cabildo para que decida sí o no respecto a algo que está establecido por la misma ley?", se pregunta el delegado episcopal de Asuntos Jurídicos.
Teodoro León asegura que el dictamen solicitado por la hermandad de Las Penas de San Vicente -de resultas del cual la cofradía del Lunes Santo ha reconocido la plena igualdad de derechos de las hermanas sin necesidad de celebrar un cabildo general- tiene la categoría de "informe jurídico particular", si bien, aclara, "puede crear cierta jurisprudencia en el sentido de que si una mujer va a pedir la papeleta de sitio a su hermandad, se le niega y ésta recurre, la respuesta va a ser la misma".
En este sentido, el delegado episcopal insta a las juntas de gobierno de las cinco cofradías que aún mantienen el veto a la mujer nazarena en sus Reglas (El Amor, la Quinta Angustia, el Silencio, el Gran Poder y el Santo Entierro) a "que cumplan, acaten y ejecuten las normas dimanadas de la autoridad eclesiástica". "El cabildo general no tiene que decir nada, es la junta de gobierno la que debe ejecutar las normas en vigor, que son de rango superior", insiste León.
"Cuando una hermana solicita su papeleta de sitio para participar en la estación de penitencia, lo que está pidiendo es un derecho que le es propio y debido. En el caso de que no se la den, esa hermana puede emprender un recurso jerárquico ante la autoridad eclesiástica, y si la hermandad continúa por no aceptarlo, ante el Consejo Pontificio para los Laicos".
Teodoro León recuerda que las Reglas de aquellas hermandades que no incluyan en su articulado la participación de las hermanas en la estación de penitencia no serán aprobadas, algo que "las hermandades conocen de sobra".
El de Las Penas de San Vicente no ha sido el primer caso en el que una hermandad ha aprobado la igualdad de derechos sin oír el pronunciamiento de su cabildo general. Ya en el año 2001, la cofradía de Los Servitas asumió de motu proprio la plena igualdad entre sus hermanos después de elevar una consulta al Arzobispado, como en este caso.
