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Las negociaciones para dar uso a la fábrica de Altadis encallan

Ocho meses después de que el Consistorio anunciara el reparto de los suelos, no hay acuerdo ni se espera pronto

el 16 jun 2013 / 23:30 h.

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El cierre de la fábrica de Tabacos acabó con 33 años de tradición cigarrera en Sevilla.Sin noticias de Altadis y esto, de por sí, es noticia. Ocho meses después de que el Ayuntamiento de Sevilla asegurara que su proyecto para la antigua fábrica de tabacos estaba desbloqueado, lo cierto y verdad es que nada se ha avanzado para convertirlo en realidad. De hecho, está paralizado. Existen, sí, contactos “esporádicos” con esta compañía, ahora propiedad de la multinacional británica Imperial Tobacco, pero estos tanteos están muy lejos de cuajar. Fuentes cercanas a las negociaciones descartan que en breve se vaya a anunciar absolutamente nada. En la tabaquera, de hecho, existe malestar, puesto que en todas las ciudades donde tuvo que cerrar plantas debido al proceso de reestructuración industrial en el que está inmersa –la última clausura se ha anunciado hace dos semanas para la factoría de Cádiz–, se alcanzaron acuerdos de aprovechamiento de los terrenos e instalaciones: Málaga, Valencia, San Sebastián, Gijón, La Coruña y Tarragona. Y, además, con ayuntamientos gobernados por la derecha (son los casos valenciano y malagueño, por ejemplo) o por la izquierda (los consistorios coruñés y tarraconense, entre otros). “No entendemos por qué con Sevilla no”, comentan fuentes de la firma, que comercializa las marcas de cigarrillos Fortuna y Ducados. En todas esas ciudades, los acuerdos se edificaron sobre dos pilares, y ambos sobre la base de la recalificación de los suelos: una parte para la compañía, que adjudicaba para comercios u oficinas, y otra para usos públicos locales (culturales, institucionales y finalidades diversas). Pero el de Sevilla es un caso especial, puesto que se exige un cambio estructural en la legislación urbanística (PGOU) ya que el documento actual, confeccionado por el anterior equipo de gobierno (PSOE e IU), blinda los suelos como industriales. El porqué: en su día fue concebido como forma para penalizar a la compañía por el cierre de su fábrica hispalense. Se pretendía evitar, así, que pudiera especular con los suelos, en pleno boom inmobiliario y en una magnífica y cotizada ubicación: en la orilla del río que da al barrio de Los Remedios. Semejante modificación urbanística, al no ser puntual, requeriría de su aprobación por parte de la Junta de Andalucía. Y en la Administración regional aún no consta ni proyecto, ni documento ni solicitud alguna. No es un proyecto menor. Se trata de más de tres hectáreas (casi 31.100 metros cuadrados) en los que, según el PGOU sin cambiar, tan sólo se podrían levantar industrias o talleres o, en su defecto, equipamientos públicos. Las negociaciones se fundamentan sobre un reparto del suelo. Cuando gobernaban socialistas e Izquierda Unida en Plaza Nueva, rechazaron planteamientos similares por parte de la empresa, que pretendía un centro comercial, oficinas y espacios culturales. El PP, por su parte, indicaba en campaña electoral a las municipales que buscaría con prontitud una solución para las instalaciones muertas de Altadis, con comercios, salas de arte y de conciertos y, además, equipamientos públicos. Sobre el reparto se trabaja, siendo la clave qué porción final tendrá la tabaquera para que ésta la rentabilice adjudicándola para comercios o para levantar, por ejemplo, un hotel. Pero traspasado el ecuador del mandato con el popular Juan Ignacio Zoido como alcalde de Sevilla, todavía no existe novedad. Un proyecto y una promesa más que, complicados aún más si cabe por la crisis económica y la austeridad reinante en las arcas locales, no estará tampoco para los próximos comicios, a tenor de la lentitud en los trámites exigidos para cualquier alteración estructural del PGOU. Aunque suena menos que la antigua comisaría de la Gavidia o el aparcamiento subterráneo de la Alameda, el de la fábrica de Altadis es otro de los frentes abiertos de Zoido con la Junta de Andalucía, aunque en este caso nada se ha tramitado al respecto. Según un documento del Grupo Popular en el Ayuntamiento, desbloquear el proyecto implicaría la creación de 500 puestos de trabajo. No será por ganas de deshacerse ya de un edificio que es un auténtico morlaco, cuyo mantenimiento le cuesta dinero. Primero, en impuestos (IBI), y segundo, en un retén de vigilancia las 24 horas para evitar que entren okupas u otras personas que arramplen con todo aquello que puedan vender (no hay maquinaria), y un servicio de limpieza –si bien puntual– que adecenta las instalaciones. Desde la empresa, la voluntad de negociación es “absoluta”. Eso sí, también es cierto que difícilmente firmaría una operación sin antes garantizarse que tendría todas las bendiciones urbanísticas. No podrá construir en la parcela viviendas, aunque sí sacarle provecho. Ahora, simplemente, está muerta.

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