El pasado jueves todos los grupos del Congreso de los Diputados aprobaron la tramitación como proyecto de ley las medidas para fomentar el empleo. Pero que el panel de votos mostrara luz verde en todos los escaños no significa que el Congreso apoyara a Zapatero, sino todo lo contrario. Ahora sabrán por qué.
Las elecciones vascas del 1 de marzo han provocado a la vez un matrimonio de conveniencia y un divorcio. La nueva unión nace en Vitoria, donde PSOE y PP se han prometido un amor que aunque no eterno sí al menos dará para los próximos cuatro años y que tiene como principal objetivo echar al PNV de Ajuria Enea. El PP ha prometido lealtad en Vitoria y el PSOE le ha correspondido, de momento, con la presidencia del Parlamento vasco, un acontecimiento histórico en las más de tres décadas de la democracia reciente española que ha provocado la furia del todavía lehendakari en funciones, Juan José Ibarrtexe.
Pues bien, el PNV, que se siente ahora despechado después de apoyar al Gobierno central en numerosas ocasiones y asume que tiene ya los dos pies y algo más fuera de la lehendakaritza, ha decidido pedirle el divorcio express a Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados, algo que ya anunciaron justo después de los comicios regionales del 1-M. ¿La consecuencia práctica? Que los socialistas ya no tendrán ese apoyo del que siempre echaban mano para sacar adelante cualquier votación y desde hace dos semanas lo que antes parecía una tarea sencilla ahora se convierte en una maraña de pequeños pactos que hacen trabajar como nunca a los diputados.
Los 169 escaños socialistas, los 6 del PNV y uno sólo más de algún grupo minoritario subaman los 176 votos suficientes para aprobar cualquier medida, ya que los diez de CiU se antojan ahora mismo una misión casi imposible para Zapatero después de las broncas que tuvieron por el tripartito catalán y por el retraso de la financiación. Por todo ello, el grupo socialista debe negociar a partir de ahora uno a uno con todos los grupos de la Cámara Baja cada vez que quiera sacar una iniciativa. Si no, cada Pleno se podrá convertir en bofetón tras bofetón para el presidente del Gobierno, que servirá además para que la oposición se reafirme en su postura de que España se acerca a la ingobernabilidad.
El ejemplo más claro, como decíamos, ocurrió el pasado jueves. El PSOE llevaba a votación un decreto ley sobre medidas para fomentar el empleo que, a sabiendas de que iba a ser tumbado de plano por sus señorías, tuvo que ser tramitado como proyecto de ley. ¿Qué significa esto? Que los diversos grupos políticos podrán ir negociando y proponiendo enmiendas punto por punto, justo lo contrario de lo que quería el Gobierno: aprobar el texto íntegro de cabo a rabo. Además, Zapatero deberá girar más su gobierno hacia la izquierda y buscar más apoyos para los siguientes plenos con los nacionalistas gallegos (2 diputados), Izquierda Unida (2) y Esquerra Republicana de Catañuña (3).
Y este panorama que se le presenta al Ejecutivo ocurre en una legislatura en la que tiene aún que aprobar varios proyectos estrellas: la modificación del Código Penal, las modificaciones de las leyes del aborto, libertad religiosa y extranjería.
