En pleno debate sobre la reforma de las pensiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) consideró ayer que el sistema español es "demasiado generoso", ya que las pensiones representan en torno al 80% del salario -porcentaje más elevado que en los países de su entorno-, por lo que reclamó al país que no se quede sólo en aumentar la edad de jubilación, iniciativa que tildó de insuficiente.
Elevar la edad de retiro de 65 a 67 años es una buena medida pero, según la OCDE, la reforma tiene que ir más lejos ante los retos del envejecimiento, en particular aumentando el periodo de cotización más allá de los 35 años y vincularlo todo en el futuro a la esperanza de vida, explicó Andrés Fuentes, uno de los responsables del estudio presentado.
"Parece necesario aumentar la edad legal de jubilación", señaló en referencia al proyecto del Gobierno, pero insistió en que entre 2030 y 2060 los gastos derivados del envejecimiento demográfico progresarán al doble que en la OCDE.
Por eso consideró que la reforma tiene que incorporar medidas de ahorro, como el fin de los incentivos para la prejubilación, pero sobre todo aumentar el periodo de cotización que da derecho a una pensión completa, que actualmente es de 35 años, para establecer una relación más directa entre las cotizaciones y los derechos que de ellas se derivan. A largo plazo, el economista se decantó por vincular los derechos a la pensión a la evolución de la esperanza de vida.
Pese a las voces que piden más rotundidad, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, afirmó tras participar en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado durante más de cuatro horas, que en estos momentos no sería necesario elevar la edad legal de jubilación por encima de los 67 años para mantener la viabilidad del sistema público de pensiones, y esto hacerlo de una forma flexible.
Gómez también explicó que la edad legal de jubilación tras la reforma de las pensiones podría contar con excepciones y ser inferior a los 67 años para algunos colectivos de trabajadores, como aquéllos que cuenten con largos periodos de cotización de "38, 39 o 40 años" y los que desempeñan los oficios más penosos. Otras personas podrían jubilarse a los 65 años si renuncian a la pensión máxima, dijo.
Además, señaló que es partidario de ampliar a 20 años el periodo de cálculo de las pensiones frente a los 15 actuales, aunque tampoco descartó la posibilidad de situarlo, poco a poco, en 25 años, dijo en declaraciones a la Cadena SER.
Defendió retrasar la edad de retiro porque "la otra alternativa" es reducir la pensión media, que "no es la opción elegida por el Gobierno", explicó ante la comisión, al tiempo que descartó incrementar las cotizaciones empresariales "porque hay que mantener los costes laborales para mantener la capacidad competitiva", esgrimió.
Una de las líneas principales de la reforma será limitar la "utilización abusiva" de las fórmulas de prejubilación y jubilación anticipada. Para ello pretende que en ciertas condiciones no se puedan emplear y que las empresas paguen una parte de los costes que suponen estas prácticas.
Aunque el ministro incidió en que el Gobierno quiere negociar la reforma, advirtió de que si no hay un acuerdo, el Ejecutivo actuará de todas formas.
Zapatero trata de disipar las dudas de los ‘barones'
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, trató de despejar ayer las "dudas" que tienen algunos miembros de su partido sobre la reforma de las pensiones y garantizó que el objetivo en ningún caso es avanzar hacia un modelo privado, sino garantizar el sistema público.
Así lo explicó Zapatero a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, después de que la víspera el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, reclamara al Ejecutivo que la reforma se haga desde "el prisma de la izquierda" para garantizar que siga siendo un sistema público".
El secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, indicó que en la reunión de la Ejecutiva se le preguntó hacia qué sistema iba encaminada la reforma, pero Zapatero disipó "perfectamente" las dudas garantizando que el fin es fortalecer el modelo público para que sea viable en los próximos 15 o 20 años.
