¿Antonia, cómo te va?, ¿te ha molestado tu ex marido?/ No, de momento nada. Gracias a ustedes vivo más tranquila/ De momento, nada ¿no?, pues tú ya sabes que aquí estamos para lo que necesites. A uno y otro lado del teléfono están el subinspector Fernando y Antonia, que desde hace cuatro años, cuando un juez dictó una orden de protección, recibe periódicamente sus llamadas. Es una de las víctimas inscritas en el registro de la Unidad policial de Prevención, Asistencia y Protección a la mujer (UPAP) de la Comisaría de Sevilla que tiene a su disposición a un ‘ángel de la guarda' uniformado las 24 horas al día 365 días al año.
"Fenando es una bellísima persona, me acompaña a los juzgados, siempre está pendiente, de día y de noche, me llama cada 10 ó 15 días, y yo también le llamo cuando estoy preocupada, o las niñas. Sé que mi ex no se acerca porque sabe que está él y que llevo su teléfono encima. Ahora lo que estamos temiendo es cuando termine la orden de alejamiento, que es por seis años. Mi deseo es que existiera el destierro, pero...", relata Antonia.
En el segundo trimestre del año los tribunales andaluces dictaron 1.392 órdenes de protección, y muchas de las víctimas entran en un sistema de seguimiento integral de la Policía.
Además, actualmente once de ellas -y sus agresores- tienen un dispositivo, que localiza por radiofrecuencia y GPS (las famosas pulseras puestas en marcha en julio) al maltratador y salta una alarma cuando vulnera la orden de alejamiento. El aviso llega al centro de control de la empresa de seguridad privada que instala los dispositivos (una UTE formada por Telefónica y Securitas Direct), donde una pantalla muestra exactamente su ubicación, y desde este centro se avisa inmediatamente a la UPAP, aunque en un futuro se pretende dotar a los ordenadores de la Policía de un sistema que reciba directamente la alerta.
Si la pulsera -o tobillera- intenta manipularse, también salta la alarma. Asimismo, el dispositivo de la mujer tiene un "botón de pánico" que puede presionar en situaciones de riesgo y automáticamente llama a un número de emergencia predefinido.
Actualmente, los jueces han ordenado su instalación en cuatro casos en Jaén, dos en Sevilla, dos en Málaga, uno en Córdoba, otro en Cádiz y otro en Almería por el nivel de riesgo. Nivel que también determina la frecuencia del seguimiento telefónico que los agentes hacen a las mujeres a su cargo. Pero aunque existe un protocolo informatizado según el cual las llamadas deben hacerse cada 72 horas, cada semana, cada mes o cada dos meses en función del riesgo máximo al mínimo, los agentes reconocen que "eso al final es una máquina, si nosotros vemos que está más intranquila o detectamos más riesgo del que indica el sistema, vamos a verla o llamamos con más frecuencia".
Y es que, agente y víctima llegan a establecer una relación personalizada que no se limita al teléfono. Las acompañan al juzgado o, si es necesario, al médico o a recoger a los niños al colegio... "Al principio les cuesta, porque les tenemos que preguntar por su relación de pareja, que es algo muy íntimo, pero intentamos darles confianza. Agradecen mucho el apoyo, se sienten más seguras y te van contando más cosas".
