La profesión más antigua del mundo sigue sin garantizar un mínimo de derechos laborales para quienes la ejercen. Es la conclusión del informe elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en el que se basa para exigir que se legalice la prostitución. Esta falta de garantías hace que la crisis se note más en este colectivo.
Es la forma de vida de 18.230 personas en la comunidad andaluza, donde se contabiliza la cifra más alta del país, según los datos recabados por esta agrupación. La mayoría, 17.550, trabaja en locales de alterne mientras que 680 ejercen en la calle. El trabajo de campo demuestra que en los últimos tiempos y debido a la difícil situación económica están perdiendo clientes y que se les está exigiendo precios más bajos.
En España esta ocupación no es delito pero tampoco es legal. Por eso, la APDH-A exige su legalización pero con cautela. La responsable de este trabajo de investigación en la Bahía de Cádiz, Inmaculada Gala, advierte de que este proceso "no se puede desarrollar teniendo en cuenta los intereses de los empresarios del sexo, ni una regulación estatal como se ha dado hasta el momento, sino escuchando la voz de las prostitutas".
Su objetivo es que, como cualquier trabajador, puedan cotizar como autónomas o recibir prestaciones por desempleo. Las empresas dedicadas a la industria del sexo tienen dados de alta sus locales como hoteles o bares. Por tanto, las únicas que quedan fuera de la legalidad son las trabajadoras. En Andalucía han contabilizado 1.404 clubes, en los que suelen ejercer una medida de entre 10 y 15 mujeres, según datos de la Policía.
El documento pone en evidencia las trabas a las que se enfrentan estas personas por el desarrollo de su profesión. En los últimos tres años esta asociación ha trabajado con 293 personas en la Bahía, de las cuales 280 son mujeres, 8 transexuales y 5 hombres. El primer problema que se les plantea es el estigma que las margina socialmente. "Hay que acabar con el mito de que la prostituta es mala porque detrás de cada una de ellas hay una mujer con mucha dignidad", señaló.
Casi el 99% de las personas atendidas son inmigrantes, de las que el 65% está en una situación irregular. Por tanto, a la falta de derechos propios de su profesión se le suman los obstáculos que se encuentran debido a la Ley de Extranjería, ya que, según Gala, esta normativa "está muy asociada con la mano de obra y el empleo, pero la prostitución es una dificultad porque no está reconocida como trabajo".
Dificultades. Su actividad no les permite tener un contrato, lo que le impide a su vez acceder a una vivienda; de ahí que muchas de ellas se ven obligadas a residir en los locales de alterne. La nacionalidad más común es la nigeriana, seguida por otros países como son Rumanía, Brasil, Colombia y Liberia.
El estudio revela que la mayoría de las prostitutas atendidas se ven obligadas a ejercer esta profesión debido a las cargas familiares que tienen en su país de origen. "Muchas tienen a cuatro o cinco personas a su cargo y se opta por ganar dinero fácil y rápido para mantener a la familia y para pagar la deuda contraída por viajar a España", señaló Gala.
