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Las protestas llevan al pleno un anticipo de la huelga

Un millar de trabajadores públicos se concentran a las puertas de la Cámara

el 16 sep 2010 / 19:00 h.

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El coordinador regional de IU, Diego Valderas, conversa con uno de los trabajadores a las puertas del Parlamento.

Unos 1.500 empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, se concentraron ayer jueves ante las puertas del Parlamento en protesta contra el Decreto de Reordenación del Sector Público Andaluz, que elimina 110 empresas públicas y que supone la fusión de esta entidad dependiente de la Consejería de Medio Ambiente con la sociedad Egmasa. Este decreto ha sido recurrido por los sindicatos.


Según indicó a Europa Press uno de los portavoces de la Plataforma Agua Pública Francisco Romero esta fusión provoca la "lesión y la discriminación" de los derechos laborales de los empleados públicos de la Agencia Andaluza del Agua al dejarlos "al margen" del convenio del personal laboral de la Administración, haciéndoles perder sus derechos adquiridos y su antigüedad.


Los trabajadores llevan meses celebrando protestas y advirtieron de que recrudecerán sus actos. El 22 de septiembre se unirán a la manifestación convocada por los sindicatos CCOO y UGT frente al Palacio de San Telmo y el 29 se sumarán a la convocatoria de huelga general en España. La plataforma iniciará encierros en las sedes provinciales de la Agencia Andaluza del Agua a partir del 7 de octubre.


Un grupo de estos trabajadores accedieron, invitados por PP e IU, a la sala de plenos ayer durante la sesión de control al Gobierno. Terminaron por lanzar gritos contra la "privatización" de la Agencia del Agua al tiempo que mostraban unas camisetas con cruces en señal de la defunción del organismo público, por lo que fueron invitados por la presidenta de la Cámara a abandonar la sala.


El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, defendió que la remodelación del sector público en marcha salvaguardará los derechos de los trabajadores de la Agencia Pública del Agua, que "no se privatizará", mientras que el PP e IU denunciaron la alarma de los trabajadores por su situación laboral.


El consejero garantizó que esta reordenación no es lesiva para los derechos de los más de 4.000 trabajadores de la Agencia Pública del Agua y negó que el objetivo de la Junta sea la politización.


La diputada del PP Carolina González Vigo acusó al consejero de haber firmado "la carta de defunción de la Agencia Pública del Agua". El diputado de IU José Antonio Castro denunció el decreto como una "norma desacertada y perjudicial para los trabajadores porque hay un menosprecio al empleado público".


La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, defendió que no se va a "echar" a nadie que tenga una plaza en propiedad y acusó al PP-A de "mentir" cuando dice que están "funcionarizando a personal laboral o echando a funcionarios". "Miente, ya que en el decreto ley se respeta totalmente el estatuto jurídico de cada trabajador de la Junta, a los funcionarios y a los laborales", sentenció la consejera.

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