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Las reuniones para invadir Irak serán públicas

El Gobierno británico debe revelar las actas de dos reuniones del gabinete de ministros del ex primer ministro Tony Blair, celebradas días antes de la invasión de Irak, según dispuso ayer el Tribunal de Información del Reino Unido. Foto: EFE.

el 15 sep 2009 / 21:48 h.

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El Gobierno británico debe revelar las actas de dos reuniones del gabinete de ministros del ex primer ministro Tony Blair, celebradas días antes de la invasión de Irak, según dispuso ayer el Tribunal de Información del Reino Unido. Los magistrados secundaron una decisión tomada por el comisario británico de Información, que había dictaminado la publicación de los detalles de las reuniones de los días 13 y 17 de marzo de 2003.

En esos encuentros, los ministros analizaron si la invasión era legal según la legislación internacional, con la aportación del entonces fiscal general del Estado, Peter Goldsmith. El Gobierno, que recurrió la decisión del comisario, tiene ahora 28 días para decidir si recurre también el dictamen del tribunal. Alternativamente, también puede vetar la orden en un plazo de 20 días al amparo del artículo 53 de la ley de libertad de información.

Un portavoz de Downing Street dijo que el Gobierno "está estudiando su respuesta". En los meses posteriores a la invasión de Irak, el 20 de marzo del 2003, hubo una gran controversia en el Reino Unido sobre si la decisión de invadir el país árabe se había tomado unánimemente o si había habido divisiones en el gabinete. También hubo polémica sobre el asesoramiento legal ofrecido por Peter Goldsmith, quien al parecer lo cambió en el último momento. El comisario pidió la revelación de las actas para intentar desentrañar, entre otras cosas, el papel en las deliberaciones de Goldsmith, cuyo presunto cambio de opinión filtró la prensa en 2005. Las actas de las reuniones ministeriales no suelen revelarse hasta después de 30 años, por lo que esta decisión, como remarcó el tribunal, "no sienta un precedente".

El tribunal, que llegó a su dictamen por mayoría, pero no por unanimidad, valoró que el interés público en este caso tenía más peso que el derecho a confidencialidad en las políticas públicas.

El comisario de Información, Richard Thomas, aplaudió la decisión del tribunal.

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