El inicio del trámite de la ley que regula la muerte digna ha despertado los recelos de los médicos, que no ven con buenos ojos el régimen sancionador previsto en el borrador de la norma. Si se mantiene el texto tal y como está, por faltas muy graves tendrían que pagar hasta un millón de euros de multa.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Carlos González-Vilardell, lamentó ayer que la profesión médica tenga que trabajar "bajo presiones de posibles multas". Se refería al régimen sancionador incluido en el anteproyecto de Ley de Muerte Digna que castiga de forma especialmene dura a aquellos médicos que se obstinen en practicar el llamado encarnizamiento terapéutico, que tendrían que pagar hasta un millón de euros. El borrador -que incluye un glosario sobre los conceptos más importantes en este asunto- se refiere a a la obstinación terapéutica como la "situación en la que a una persona, que se encuentra en estado terminal, se le inician o mantienen medidas de soporte vital, carentes de utilidad clínica, que pueden mermar su calidad de vida y que únicamente prolongan su vida biológica, sin posibilidades reales de mejora o recuperación, siendo en consecuencia susceptibles de limitación.
González Vilardell, que dijo a Europa Press que aún no dispone del texto anteproyecto de ley para enjuiciar la futura norma, se mostró en contra de que "los profesionales tengan que actuar bajo la espada de Damocles ante posibles sanciones". Según el máximo responsable de la entidad colegial, "actuar bajo el miedo a algo que vaya contra el criterio deontológico y ético del propio médico es peligroso". Los profesionales de la medicina, dijo, "ni quieren practicar mal su profesión ni se le forma para ello, sino que su labor es la de ayudar a la vida y también a la buena muerte".
El presidente del consejo subrayó que el médico "tiene una formación ética y deontológica de primer nivel". "Ya existen mecanismos para que no se produzca un ensañamiento, como son los comités de ética hospitalarios, la segunda opinión médica o las propias comisiones deontológicas de los colegios de médicos, que funcionan a diario a nivel provincial y autonómico", explicó.
El anteproyecto de ley diferencia entre las infracciones leves, graves -por el incumplimiento de las normas respecto a la cumplimentación de los datos clínicos o relativos a la voluntad vital anticipada o por impedir el acompañamiento familiar- y muy graves, entre las que se citan en el borrador de la norma la "discriminación de las personas en proceso de muerte" por cualquier razón y la aplicación de "medidas injustificadas e inútiles de prolongación de la vida que constituyan obstinación terapéutica". Si la multa por las faltas leves es de 2.000 euros, para las muy graves pueden oscilar entre los 60.000 y el millón de euros. "Sin perjuicio de la sanción económica -añade el borrador- en los supuestos de infracciones muy graves se podrá acordar por el Consejo de Gobierno la revocación de la autorización concedida para la actividad de que se trate".
Salud prevé que la futura ley inicia su trámite en el Parlamento antes del próximo mes de junio. Será entonces cuando los colegios profesionales tengan la oportunidad de hacer sus aportaciones al texto. El presidente del Colegio de Médicos no quiso avanzar en qué sentido se producirán las alegaciones de su organización, aunque sí vaticinó que habrá mucho debate al respecto.
La Fundación Luis Portero, que promueve cuidados paliativos en medicina, confió ayer en que la ley "garantice un derecho social tan importante como la muerte digna gracias a cuidados paliativos", pero que éstos no sean un "subterfugio" para inducir a la eutanasia. Esta fundación, centrada en temas sanitarios, está presidida por la viuda del fiscal andaluz asesinado por ETA, Luis Portero.
