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Las sentencias sin cumplir bajan tras tres años de subida

Baja el número de sentencias pendientes de ejecución, pero no caben celebraciones: aún hay 12.000 condenas sin cumplir. Con todo, el principal problema que afecta ahora a los juzgados de lo Penal es el retraso en la agenda de juicios.

el 11 sep 2011 / 19:40 h.

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El caso de la pequeña Mari Luz Cortés destapó una triste realidad de los juzgados sevillanos: el alto número de sentencias pendientes de cumplir, es decir, casos en los que las condenas no se han hecho efectivas. Su supuesto asesino, Santiago del Valle, debía haber ingresado dos años en la cárcel, pero estaba en la calle. Durante tres años los juzgados no han parado de acumular fallos pendientes, pero al fin, en el primer trimestre de este año se ha conseguido rebajar el número.

La bajada no es espectacular, pero ha conseguido frenar las ejecutorias, que ya alcanzan las 12.244. Demasiadas, si tenemos en cuenta que en 2007 eran casi la mitad: 6.946, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pese a que haya más de 12.000 personas que aún no han cumplido su condena, el dato es alentador si se tiene en cuenta que en tres meses los jueces han logrado rebajarlas por primera vez tras tres años de vertiginosa subida. Y es que 2010, finalizó con 12.399 ejecutorias, es decir 138 casos más. Pero sin duda, el año más complicado fue 2008, ya que cerró con 3.000 sentencias pendientes de ejecutarse más que el año anterior (de 6.946 se pasó a 10.003 en doce meses); le sigue 2009, año en el que la subida fue menor, pero aún así se acumularon dos mil más.

Sin embargo, la rebaja esconde un dato negativo que no se refleja en las estadísticas. El hecho de lo que magistrados de los juzgados de lo Penal hayan logrado que se dejen de acumular sentencias sin que se cumplan en un plazo razonable, ha perjudicado a la agenda de señalamientos de juicios. "Hay juzgados que te fijan las vistas para dentro de un año", señala un fiscal, "y que cuando llegue el día del juicio no lo suspendan, porque entonces tienes que esperar casi otro año", añade.

Y es que los magistrados tienen muy claro lo que ocurre. "Con los medios y recursos que tenemos es imposible llevar las ejecutorias y los juicios al día. La manta es la que hay, si te cubres por arriba te dejas los pies fuera y si te cubres los pies...", dice un magistrado que prefiere mantener su anonimato. De hecho, todas las fuentes judiciales consultadas creen que el hecho de que el número de ejecutorias pendientes haya bajado no se debe a la puesta en funcionamiento del Juzgado de lo Penal número 15, ya que éste no tenía causas acumuladas ni pendientes, sino "que empieza de cero".

Otro de los problemas que los magistrados de lo Penal han reiterado desde que se diera a conocer el caso Mari Luz, es el hecho de que en el módulo de trabajo establecido por el CGPJ no contempla la tramitación de las mismas. Es decir, los jueces tienen fijado un número de sentencias al año como ideal de trabajo, en el que no se contabiliza el cumplimiento de las sentencias, pese a que entre sus funciones está la de hacer cumplir lo dictado. Por eso, ellos se quejan de que el tiempo que le dedican a ejecutar una pena es tiempo que no tienen para dictar una sentencia, más aún cuando están superando con creces el módulo de trabajo establecido.

Precisamente, este problema fue el que hizo a la Consejería de Justicia plantearse la necesidad de crear el Servicio Común de Ejecutorias. De hecho, el denominado edificio puente, donde están albergados en la actualidad los juzgados de lo Penal, se estructuró pensando en este nuevo organismo. Así, los funcionarios de los 14 órganos fueron aglutinados en una misma planta, en lugar de estar cada uno con su juez y secretario judicial como antes. Los jueces y secretarios se repartieron en otras plantas. Pero como el Servicio Común de Ejecutorias se atascó en las negociaciones con los sindicatos, sigue sin ponerse en marcha.

Esto está dificultando el trabajo en los juzgados de lo Penal, ya que tienen una estructura nueva, pero la forma de trabajo sigue siendo la de siempre. Por eso, no es extraño ver los ascensores llenos de funcionarios que trasladan pesados expedientes para que los firmen los jueces, con la pérdida de tiempo que ello conlleva. Para colmo, el recién creado Juzgado de lo Penal número 15 se tuvo que ubicar en otro inmueble de la Avenida de la Buhaira por falta de espacio en el edificio puente, inaugurado hace algo más de dos años.

 

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