No se sabe si ha sido una responsabilidad, un desahogo, una imprudencia o una suma de todos estos calificativos, pero lo que sí es seguro es que es ilógico que el Fiscal General del Estado lance acusaciones veladas sobre la falta de ayuda de la Policía Nacional a la hora de investigar las listas proetarras.
Lo hizo el jueves Cándido Conde-Pumpido y de inmediato causó tal malestar en medios policiales y políticos que pocas horas después el propio fiscal intentaba rebajarle importancia a sus declaraciones. De poco le ha servido. El daño de imagen está hecho y por mucho que diga ahora que se estaba refiriendo a una descoordinación de tipo menor, no ha podido evitar que la polémica crezca. Los sindicatos policiales han anunciado que se querellarán contra él y la vicepresidenta De la Vega ha tenido que ejercer de apagafuegos. Son las consecuencias de no saber medidas unas declaraciones públicas.
