La Cámara de Cuentas de Andalucía ya detectó irregularidades en materia urbanística, similares a las que ahora están siendo investigadas a través de la operación Astapa por la trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, durante la época en la que gobernó el municipio Jesús Gil Marín, hijo del ex alcalde de Marbella Jesús Gil.
En el informe de Fiscalización de la adaptación al ordenamiento jurídico de los aprovechamientos urbanísticos del Ayuntamiento de Estepona 1997-1998, aprobado por la Cámara de Cuentas en 1999, se apuntó el "incumplimiento generalizado" de los fines a que quedan adscritos los bienes del patrimonio municipal del suelo, así como un "perjuicio económico" para los intereses de la corporación, "al enajenarse bienes por valor inferior al de mercado e, incluso, por debajo del valor urbanístico".
En el informe de la Cámara de Cuentas de 1999, se concluyó que en la gestión de los aprovechamientos urbanísticos municipales llevada a cabo por los representantes del Ayuntamiento "se ha utilizado un entramado de operaciones mercantiles que intentan eludir la aplicación de las normas jurídicas a que están sujetas las corporaciones locales, y en la que han participado activamente las empresas municipales".
En aquel documento se indicaba que el Ejecutivo municipal de Gil Marín -que gobernó Estepona entre los años 1995 y 1999- como consecuencia de la cesión de los aprovechamientos urbanísticos obtuvo, durante los ejercicios fiscalizados, parcelas valoradas en 1.347 millones de pesetas, de las que la mayoría se han permutado a las empresas públicas del Ayuntamiento malagueño mediante sucesivas ampliaciones de capital, por valor de 1.029 millones de pesetas.
Uso de los terrenos . El informe indicó que "en todos los casos las empresas municipales, previamente a la suscripción del capital social por el Ayuntamiento, habían llegado a acuerdos con empresarios particulares para trasmitirles los terrenos que obtendrían de éste para hacer frente al pago de deudas derivadas de la realización de determinadas obras".
De esta forma, las empresas públicas "han utilizado parte del patrimonio de la entidad local para realizar o llevar a cabo actuaciones que se deberían haber incluido en el presupuesto de la corporación y que poco tienen que ver con los fines a que deben destinarse los bienes del patrimonio municipal del suelo".
Asimismo, se apuntó en aquel documento que "la corporación local ha enajenado determinadas parcelas pertenecientes al patrimonio municipal del suelo por precio inferior a su valor urbanístico, un hecho que conlleva un menoscabo del patrimonio municipal -cifrado en 566 millones de pesetas-", algo que, a juicio del organismo, "pudiera ser considerado como responsabilidad contable al amparo de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas".
La Cámara de Cuentas agregó que en los demás supuestos analizados, "si bien se ha respetado el valor urbanístico, las ventas se han realizado por debajo del valor de mercado, produciéndose una minusvalía de 218 millones de pesetas".
Según informó el jueves El País, la red corrupta de Estepona capitaneada por sus dirigentes municipales acumuló tal volumen de comisiones ilegales fruto de su extorsión -gracias a la complicidad de técnicos, abogados y empresarios- que le permitió lucrarse personalmente, pagar actividades municipales y financiar a los dos partidos políticos que gobernaban la localidad hasta 2007 (PSOE y Partido Estepona, PES).
Una caja b municipal, que manejaban el alcalde, Antonio Barrientos, y otros colaboradores atesoraba el dinero de las comisiones ilegales. Posteriormente, tal fondo se repartía entre los ediles corruptos y sus formaciones políticas.
