Dos grupos de investigación de las universidades de Granada y Pablo de Olavide trabajarán con la Fiscalía Superior de Andalucía en el seguimiento de casos relacionados con urbanismo, medio ambiente, corrupción, crimen organizado, violencia de género y menores.
Así lo anunció ayer la consejera de Justicia , Begoña Álvarez, que firmó un convenio con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, y con representantes de ambas universidades para la creación de los grupos, cuyos resultados serán transferidos a las secciones territoriales de Granada y Sevilla del Ministerio Público.
Esta "conexión" de la Justicia con la Universidad contará con un presupuesto de 144.000 euros para cada uno de los grupos de investigación universitarios, cuyo trabajo de apoyo a la Fiscalía en la elaboración de informes, estadísticas y análisis de casos se desarrollará durante un año.
Los grupos de expertos de la universidad granadina y de la Pablo de Olavide estarán integrados por ocho profesionales del Derecho y la Informática, que realizarán proyectos de investigación de carácter científico para fortalecer el trabajo de las distintas unidades del Ministerio Fiscal en Andalucía.
La participación de grupos de expertos para el apoyo de la labor del Ministerio Fiscal está contemplada en el artículo 11 del Estatuto Fiscal, según recordó García Calderón, quien puntualizó que esta norma estatutaria es "una gran desconocida".
La consejera subrayó: "Somos el primer gobierno que pone a disposición de los fiscales grupos técnicos de apoyo procedentes de la Universidad" asegurando que la medida refuerza la "dotación" de medios materiales y humanos de la Junta para fortalecer la "importante labor" del Ministerio Público.