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Las urnas deciden quién gestionará el nuevo Estatuto

En los 366 días del año nuevo hay una fecha subrayada en rojo: el 9 de marzo. Los andaluces vuelven a estar llamados a las urnas en una convocatoria doble ya que autonómicas y generales volverán a coincidir. El Gobierno que surja tras esa cita será el que gestione el nuevo Estatuto andaluz.

el 14 sep 2009 / 22:09 h.

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En los 366 días del año nuevo hay una fecha subrayada en rojo: el 9 de marzo. Los andaluces vuelven a estar llamados a las urnas en una convocatoria doble ya que autonómicas y generales volverán a coincidir. El Gobierno que surja tras esa cita será el que gestione el nuevo Estatuto andaluz y la última remesa de fondos estructurales de la Unión Europea.

2008 es el año en el que los andaluces vuelven a tener la palabra. Aunque la precampaña hace mucho que empezó, puede decirse que los partidos la abrirán oficialmente a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Será a partir del viernes 22 de febrero cuando puedan pegarse los carteles de la campaña, con las caras de Manuel Chaves, Javier Arenas, Diego Valderas y Julián Álvarez, los líderes de las cuatro formaciones con representación parlamentaria y con opciones -unos más que otros- para seguir teniéndola.

Las encuestas vaticinan un escenario de continuidad, pero en la campaña del 9-M hay factores que no se dieron en la del 14-M de 2004. Hay dos nuevos candidatos (el andalucista Julian Álvarez y Javier Arenas, que fue candidato del PP a la Junta en las autonómicas en 1994 y 1996, pero que ahora regresa tras el paréntesis en la política nacional) y también el contexto político es diferente. Hace cuatro años, la convocatoria de las autonómicas se produjo en plena confrontación de los ejecutivos central y autonómico, con el electorado de izquierda muy movilizado a cuenta del rechazo a la guerra de Irak o la huelga general contra el decretazo. Ahora, dos gobiernos amigos coinciden en la Moncloa y la Junta, frente a un PP que mantiene prietas sus filas contra los males que atribuye al debate territorial.

La opción por la que se decanten las urnas tanto en Madrid como en Andalucía será determinante para el desarrollo del nuevo Estatuto andaluz, que fue fruto del consenso de PSOE, PP e IU, pero que da cabida a distintas interpretaciones. Lo primero que tendrán que hacer ambos gobiernos es ponerse de acuerdo en 2008 en el modo de ejecutar el acuerdo político para el traspaso del Guadalquivir previsto en la nueva norma autonómica y también en la cuantificación de la deuda histórica, una cifra que de manera inexcusable ha de estar encima de la mesa antes del 20 de septiembre.

Así lo ordena el Estatuto, que plantea además una serie de nuevas competencias cuyo traspaso dependerá también de la voluntad política. Y habrá otro factor decisivo para que que ese tipo de acuerdos pueda llegar a producirse: ¿se volverán las miradas hacia el Estatuto andaluz una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatut? El PP recurrió artículos catalanes similares e incluso iguales a los andaluces. La previsión es que el Alto Tribunal emita su sentencia este año y, aunque expertos en Derecho Constitucional coinciden en que no hay resquicios jurídicos para que se invaliden de manera indirecta contenidos del Estatuto andaluz, políticamente sí que se abre un terreno abonado para la polémica. ¿Es legítimo aplicar en Andalucía lo que dice el máximo ínterprete de la Constitución que no vale para Cataluña?

El Gobierno autonómico que surja tras las elecciones de marzo se encontrará con un presupuesto de 31.961 millones de euros para gastar, casi un cuarto del total (7.473 millones) para hacer inversiones. Sumadas a las consignadas en las cuentas del Estado, 4.345 millones, que por primera vez se ajustan de forma milemétrica al peso de la población andaluza en el conjunto del Estado, en cumplimiento con lo que dice el nuevo Estatuto.

Esa garantía de recursos -con vigencia por un periodo de siete años- coincidirá con la última inyección de fondos estructurales procedentes de la UE. La VIII Legislatura que comienza tras los comicios concluirá en 2012, un año antes del último marco de ayudas comunitarias. La forma en que se aprovechen los 14.024 millones de la UE que le corresponden a Andalucía determinará, por ejemplo, que se cierre el mapa de la Alta Velocidad (la previsión es que antes de ese año todas las capitales estén unidas por AVE), el gran reto de la comunidad en materia de infraestructuras.

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