Los familiares de las presuntas víctimas de Antonio Javier Ruiz Plazas, el gurú de la comunidad hinduista de Armilla (Granada) denunciado por la Fiscalía, mostraron ayer su satisfacción por las diligencias abiertas por el ministerio público y anunciaron que se personarán en la causa judicial que se abra como acusación particular.
El fiscal hizo público el miércoles su denuncia en la que considera que desde que abrió la Casa Yoga de Armilla, a principios de los 80, Plazas hizo un "uso sistemático de técnicas de persuasión coercitiva" y usado el reclamo religioso para doblegar la voluntad de al menos 22 de personas captadas para satisfacer sus "interseses personales".
Según el fiscal, muchas de sus discípulos fueron captados en momentos de "debilidad" por problemas familiares, psicológicos e incluso físicos y sometidos a gritos, insultos y humillaciones, además de obligados a realizar tareas con "contratos de esclavitud" sin apenas dormir ni comer y "disponibles las 24 horas al día para las necesidades del maestro". Considera que Plazas consiguió incluso "tener acceso sexual a muchas de las integrantes de la comunidad", algunas de ellas obligadas a mantener relaciones lésbicas delante de él. Y también "anular y controlar la personalidad de los miembros de la comunidad" para poder disponer de sus bienes, propiciando que los vendieran o transfirieran dinero o patrimonio a su nombre o a testaferros como su madre.
Por todo ello, el fiscal atribuye a Plazas un posible delito de asociación ilícita y tantos delitos contra la integridad moral como personas afectadas, que inicialmente son 22 aunque el propio ministerio público advierten que podrían incrementarse durante la investigación previa al juicio. Manuel Ramírez, abogado de varias de las posibles víctimas de Granada y Cádiz, explicó ayer a Europa Press que se personará en la causa judicial una vez que sea abierta como acusación particular y que las conductas descritas por sus representados pueden implicar, además de los aludidos por la Fiscalía, delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, estafa, blanqueo de capitales, e incluso relacionados con menores de edad.
El letrado destacó que resulta novedodos ad de imputar un presunto delito de asociación ilícita, que suele usarse para casos de terrorismo, a un supuesto líder sectario. En su opinión, una vez que se abra la investigación judicial se descubrirá que las víctimas de Antonio Javier Ruiz Plazas, entre familiares, exadeptos y actuales discípulos, son "muchos más que una veintena" y además procedentes de toda la geografía del país.
