La sierra y el interior de Andalucía han desplazado a la costa como zonas más problemáticas de la ilegalidad urbanística. Los inspectores de la Junta se afanan en luchar contra la ocupación irregular del territorio en colaboración con los alcaldes. Unos 40 ayuntamientos hacen ya recuento del número de casas levantadas en suelo no urbanizable.
Los 25 inspectores de ordenación del territorio y urbanismo de la Junta -cuerpo que tiene dos años de vida creado para perseguir los delitos urbanísticos- centran su labor en ámbitos estratégicos donde la ocupación del suelo no urbanizable pone en peligro a territorios vírgenes o se lleva a cabo sin los equipamientos necesarios. Los equipos de inspectores -que tienen consideración de agentes de la autoridad- trabajan in situ en las zonas calientes de la ilegalidad, que han salido de un estudio previo exhaustivo. Se trata, sobre todo, de municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con muy pocos medios para luchar contra las irregularidades.
Aunque la costa sigue siendo un foco importante -en Marbella hay una actuación excepcional y el litoral de Cádiz también es problemático-, a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le preocupa el hábito que está tomando la sierra. Ejemplos como el de Aracena (Huelva), que acaba de emerger, Castilblanco (Sevilla), la Sierra de Cazorla, Segura, Las Viñas (Jaén) y Freila y el entorno del Negratín (Granada) son algunas de las prioridades en el control urbanístico, según explicó a este periódico el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Ortiz. La lista se completa con áreas del prelitoral que estallaron hace tiempo, como La Axarquía (en Málaga) y un poco más hacia el interior, Almanzora (en Almería). En La Axarquía -comarca formada por 31 municipios- se calcula que hay unas 10.000 casas ilegales y ya se ha derribado la primera.
Las construcciones irregulares suelen escapar de las capitales porque ahí no abunda el suelo no urbanizable. El ejemplo más acuciante son las viviendas de Medina Azahara en Córdoba, levantadas en el entorno arqueológico. Saber la cifra de las casas ilegales en Andalucía es "imposible", según Ortiz, pero es un objetivo de la Junta. Para ello han trasladado a los ayuntamientos un inventario para que hagan recuento de las construcciones fuera de la legalidad. Unos 40 consistorios están ya elaborándolo, al igual que los respectivos planes de inspección municipales, para cumplir con sus competencias.
Y es que el Gobierno andaluz tiene que jugar un papel subsidiario, es decir, de apoyo, al ayuntamiento. "Nosotros podemos, de forma elegante pero no ofensiva porque somos los recién llegados, proponerle al consistorio medidas para que cumpla con su labor de control urbanístico. La gran mayoría se muestra dispuesto a colaborar", asegura el director general de Inspección. Pero, ¿qué ocurre cuando un municipio se niega, por ejemplo, a ejecutar una demolición? "Entonces interponemos un contencioso, pero no es lo habitual", añade.
La Junta gana el 85% de las demandas urbanísticas que interpone, pero José Ortiz argumenta que al Gobierno lo que le interesa es actuar antes para evitar llegar a juicio. "Los recursos tardan cuatro o cinco años y luego hay que esperar a que se tramite la ejecución de la sentencia. Preferimos que la labor de la inspección se mida en cuántos contenciosos se han eludido", dice.
Apoyo al alcalde. El trabajo del inspector debe realizarse siempre mano a mano con el alcalde. Cuando se detecta una licencia ilegal -puede ser a raíz de la denuncia de un particular-, el técnico tiene que conseguir que el ayuntamiento paralice la obra. Si el propietario no hace caso de la orden del regidor, la Junta instará al fiscal a que actúe contra él. Si las casas ilegales están ya construidas e incluso habitadas, se abren dos posibilidades: con el planeamiento, el ayuntamiento podrá legalizar algunas y el resto tendrá que demolerse. Esta debe ser la última opción porque, como señala Ortiz, "la sociedad no entiende que nuestra función sea tirar casas donde viven familias sin que hayamos sido capaces de parar esa construcción antes".
Buena parte de la tarea de los inspectores es concienciar a la sociedad de que es importante que se acate la ley urbanística. "Hace 20 años, esto no le importaba a nadie", recuerda el director general de la Junta. Cree que en Andalucía existe la tendencia desde hace décadas "de ocupar los suelos bonitos", pero advierte de que esta práctica le sale muy caro a los vecinos que sí cumplen las normas. "Son ellos los que terminan pagando los equipamientos de las casas ilegales", afirma.
En definitiva, el cometido de estos trabajadores públicos es vigilar que los PGOU se llevan a buen puerto y verificar que los suelos destinados a VPO en el plan general se dedican a ese fin. En 2009 se incorporan 11 plazas y antes de que acabe este año saldrá la nueva orden de inspección 2008-2012, que fijará los criterios preferentes en las demoliciones y ampliará la colaboración con las diputaciones.
