Cuatro años y medio después, las VPO paralizadas por un enfrentamiento entre los payos y gitanos de El Saucejo serán por fin entregadas a sus inquilinos. La empresa pública Sevilla Activa anunció entre líneas, durante un balance de su gestión, que las llaves de las 35 viviendas protegidas serán entregadas a sus destinatarios a finales de año.
Con ese anuncio, se pone fin a un culebrón que disparó los plazos de unas VPO cuyas obras estaban muy avanzadas en mayo de 2006 y que, dos años después, en 2008, se anunció la lista de adjudicatarios, consensuadas por la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de El Saucejo, y en la que figuraban vecinos empadronados en El Saucejo desde hace 10 años.
La paralización se produjo tras una pelea entre payos y gitanos en la Romería de San José Obrero de 2006, y al siguiente, el 7 de mayo, el temor infundado de que las viviendas protegidas iban a ser utilizadas para el realojo de los chabolistas del Vacie y el Polígono Sur de Sevilla llevó a unos vecinos a emprenderlas contra la promoción. El asalto causó múltiples destrozos, así como la posterior paralización de las obras. El proyecto se reanudó hace dos años con la designación de los adjudicatarios de estas viviendas de integración social en régimen de alquiler.
Pero hubo un nuevo escollo: la constructora no se iba a hacer cargo de las obras. Dada esta circunstancia, tuvieron que reabrir el proceso de adjudicación y buscar una nueva constructora, que comenzó los trabajos el pasado mes de mayo, según aclararon fuentes de Sevilla Activa, que es la encargada de la promoción en El Saucejo.
El alcalde, Bernabé Oliva (PSOE), confirmó que estas viviendas protegidas “están prácticamente terminadas a la espera de que se entreguen definitivamente”. Es más, desde Sevilla Activa aseguran que sólo falta la instalación eléctrica y algún pequeño detalle más. El mandatario se muestra satisfecho con que se culminen las obras, pero por otra parte prefirió pasar página, callar y no revivir la situación sufrida en 2006, en un escenario en el que siempre defendió que su pueblo “no es racista”, igual que otros miembros del equipo de gobierno, que incluso trataron de quitarle hierro al asunto, pese a sus consecuencias.
