No creo que nadie pensase que introduciendo por ley la paridad electoral se acabaría con la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Ésta es demasiado profunda e insidiosa como para que su fin esté al alcance de una medida legislativa concreta. Y sin embargo la paridad electoral es crucial para desarticular esa desigualdad, porque apunta a uno de los pilares que la sustentan: la definición de la cosa pública, dé la razón política, del interés general, en clave masculina.
Lograr una presencia equilibrada y estable de mujeres y hombres en las instancias representativas no es sólo un fin en sí mismo. Sin subestimar la importancia de su mensaje simbólico, el objetivo último de la paridad es operar una redefinición de lo público que englobe por igual a mujeres y a hombres, y a las circunstancias vitales de unas y de otros.
En los últimos días la situación de las mujeres en baja de maternidad se ha situado en el centro del debate político, no como una cuestión que afecta a las mujeres, ni siquiera como una cuestión de igualdad de género, sino como una cuestión de Estado. Porque es una cuestión de Estado que un partido con representación en un Parlamento democrático pierda votaciones por la ausencia de parlamentarias que se encuentran de baja maternal.
Ciertamente, esta situación no es consustancial a la paridad, pero sí me parece que lo es que los problemas que de ella se derivan estén siendo abordados, no como contratiempos puntuales, sino como cuestiones estructurales que requieren soluciones sistémicas. La situación que el pasado día 9 se produjo en el Parlamento de Andalucía ha provocado que la maternidad se perciba como un asunto de interés público cuyos costes de oportunidad deben ser asumidos por el Estado. Éste es ya un logro importante.
Profesora de Derecho Constitucional y miembro del Consejo Editorial de El Correo.
