Después de mucho tiempo esperando su entrada en vigor, el Consejo de Gobierno de la Junta, tras quedarse a las puertas en la anterior Legislatura, ha aprobado la nueva Ley de Mediación familiar, siguiendo las pautas ya iniciadas por otras comunidades autónomas que ya contaban con esa regulación normativa. Sin perjuicio de volver a demandar la necesidad de una Ley de Mediación familiar de ámbito estatal, más aún después de la reciente Directiva europea que expresa como objetivo el facilitar el acceso a la resolución de litigios, promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación dinámica entre la mediación y el proceso judicial, lo cierto es que la iniciativa andaluza, promovida desde la Consejería de Igualdad viene a cubrir un vacío que la sociedad reclamaba atender con urgencia.
Porque en la sociedad en la que nos movemos, en la que los conflictos familiares van en aumento, radicalizándose y generando situaciones patológicas que repercuten en un gravísimo perjuicio en sus protagonistas y principalmente en sus hijos, niños y adolescentes marcados por el odio, despecho y resentimiento de sus progenitores, la respuesta judicial se visualiza como una solución que no satisface y que resulta manifiestamente insuficiente para frenar el tsunami emocional que desborda la capacidad de los Tribunales. La mediación familiar entraña una válida alternativa complementaria a esa clásica y única vía conocida de resolución de esos conflictos.
Lo que resulta necesario, ahora, es que se pongan en práctica los objetivos marcados, difundiendo e informando a los ciudadanos sobre el significado y ventajas que aporta el someterse a un proceso de mediación y potenciando la mediación familiar en Andalucía, lo que implica destinar los recursos y medios, humanos y materiales, suficientes para hacer realidad la cultura de la paz y el consenso. Así todos saldrían ganando.
