Es evidente que detrás de cualquier ley existe una decisión política. Una decisión que, en Estados democráticos, es el resultado de la soberanía popular manifestada a través del ejercicio del poder legislativo por los legítimos representantes de la sociedad. Sociedad que va evolucionando y que con su permanente dinamismo provoca la obsolescencia de algunas leyes y la necesidad de crear otras nuevas; en definitiva se modifica el ordenamiento jurídico como consecuencia del propio devenir de las ideologías sociales y de la correlación de fuerzas y posicionamientos políticos a través del tiempo.
Sin embargo no se debe olvidar que las decisiones políticas pueden ser expresadas a través de una gran variedad de vías. Así, la ley es el instrumento más formal para encauzar las decisiones políticas y, por ello, la ley funciona también como el principal instrumento usado por los gobiernos contemporáneos para influir sobre el comportamiento social, pues resulta palmario que el comportamiento de los individuos se encuentra constreñido por las instituciones. Consecuentemente, la ley es el instrumento requerido para enfrentar y sobreponer los problemas sociales. Roscoe Pound llamó a esta acción "la ingeniería social a través de la ley". De acuerdo con esta visión el gobierno es capaz de usar su monopolio de poder para propiciar un cambio en el comportamiento social o en el contexto existente. Y precisamente eso es lo que se espera para este año de nuestro Gobierno.
Sobre el tapete se encuentran asuntos de vital importancia que precisan que nuestros representantes, actuando el Gobierno de necesario impulsor, legislen. Me referiré a tres de ellas.
Así, se debe concretar en una ley el nuevo modelo de financiación autonómica que se ha ido pactando bilateralmente pero que para ser realmente convincente y, por ende, operativo, ha de precisarse en una norma con rango legal.
La libertad religiosa se regula por una norma que pronto cumplirá treinta años y que, como es perfectamente entendible, no contiene las necesarias referencias a la multiculturalidad religiosa que existe en nuestra sociedad desde hace algunos años, amén de no casar debidamente con la necesaria neutralidad que deriva del principio de aconfesionalidad del Estado. Determinados privilegios de la Iglesia Católica han de quedar suprimidos por el nuevo texto normativo que ha de avanzar en la dirección de la laicidad del Estado español. De ese modo deberá quedar definitivamente en el pasado la tendencia intervencionista de la jerarquía eclesiástica católica.
Igualmente, la Justicia precisa con urgencia la reforma de su regulación con la finalidad de democratizar el tercer poder a través de un nuevo sistema de acceso a la carrera judicial y de la creación de los consejos de justicia autonómicos, además de la necesaria actualización del régimen disciplinario de los jueces. En todo caso, la eficacia de la Justicia en España precisa, además, de un importante esfuerzo inversor, de coordinación organizativa y de modernización en todos los niveles que han de llevar a cabo tanto el Gobierno central y los autonómicos, como el propio Consejo General del Poder Judicial.
Profesor de Derecho Constitucional.
