Esta semana se han conocido los detalles de un informe del BBVA que ratifica las dimensiones excepcionales de la crisis en el mercado inmobiliario español: hay más de un millón de casas terminadas para las que no se encuentra comprador y al menos hasta 2012 no podrá ajustarse la oferta y la demanda. Semejante stock de viviendas implica que hay mucho dinero de bancos y cajas que se ha comprometido en estas operaciones inmobiliarias y que se ha quedado colgado. En este desajuste se encuentra el cuello de botella que impide el acceso de muchos al mercado de la vivienda. Las entidades financieras restringen los créditos en un movimiento de saneamiento de sus cuentas que ha terminado por estrangular sectores como el de la construcción. Ante eso sólo cabe una intervención decidida de los poderes públicos que inyecte liquidez al mercado inmobiliario. En este contexto hay que situar la decisión de la Junta de incrementar la capacidad de endeudamiento de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA) en 400 millones para avalar la construcción de VPO. No hay otra solución. Por mucho que se propugnen planes ambiciosos y se disponga de un mercado en el que no faltan ni promotores ni potenciales adquirentes de estas viviendas, falta el elemento esencial para que las operaciones fluyan en condiciones aceptables: el dinero. EPSA comprará promociones de vivienda protegida con problemas de financiación y las alquilará a los adjudicatarios de los pisos, con opción a compra, a un precio medio de 324 euros al mes. Junto a esta medida, también incentivará la venta de pisos con un precio máximo de 200.000 euros y auxiliará a familias desahuciadas por la crisis. Con todo ello no acabará con la crisis en el sector, pero sí que habrá cumplido con el papel que le corresponde en este punto, que no es otro que el de tomar iniciativas que permitan mitigar el parón crediticio que está hundiendo al sector en Andalucía.